La polémica que generó una “guerra” en tribunales comenzó la semana pasada, cuando Temer nombró ministro de la Secretaría General de la Presidencia a Wellington Moreira Franco, quien hasta ahora dirigía un programa de privatizaciones.
Un juez de primera instancia atendió una demanda presentada por tres abogados contra el nombramiento, pues supondría darle a Moreira Franco la condición de aforado y solo podría ser investigado por la Corte Suprema, que en Brasil es mucho más lenta que la justicia ordinaria.
La decisión fue revertida por la Abogacía General del Estado, que en representación del Gobierno alegó que unas meras “sospechas” no podrían impedir que Moreira Franco fuera ministro, lo cual fue aceptado por un tribunal de Brasilia.
La victoria jurídica del Gobierno duró solo una hora, pues una jueza de Río de Janeiro dio lugar a una acción similar a la anulada.