El Plan, creado por decreto, es una política de Estado que tiene como función organizar las acciones de las instituciones competentes para el fortalecimiento de las políticas preventivas de la corrupción, según el informe.
El principal objetivo de este proyecto es reducir las debilidades estructurales o sistémicas al interior de la administración pública de manera de restringir las oportunidades para la corrupción, propender a la correcta utilización de los fondos públicos y afianzar la confianza pública.
El plan fue elaborado bajo la coordinación de la Secretaria Nacional Anticorrupción, con apoyo de la cooperación internacional e incluye como actores responsables de su implementación a la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría General del Poder Ejecutivo, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Empresas Públicas.
Transparencia. El plan será aplicado para establecer un sistema eficaz para la lucha contra la corrupción, a los efectos de promover la transparencia, la ética, la prevención y persecución de la corrupción en el Paraguay, promoviendo la participación de la sociedad y así reflejar los principios del imperio de la Ley, la debida gestión de los asuntos y bienes públicos, la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas.
La Secretaría Nacional Anticorrupción, a cargo de la ministra Soledad Quiñónez, cuenta hasta el momento con 42 unidades anticorrupción. Estas unidades se encuentran diseminadas en diferentes ministerios, instituciones y secretarías.
La institución recién desde el año pasado cuenta con presupuesto propio que ronda los 4.400 millones de guaraníes.
El presidente de la República, Horacio Cartes, ha dicho en reiteradas oportunidades que su Gobierno ha ido cortando los esquemas de corrupción dentro de las instituciones públicas que han sido instalados durante los gobiernos anteriores.