No serán todos, pero los que protagonizaron el lamentable y bochornoso bloqueo para impedir el ingreso a su oficina de la interina de la Dirección de Recursos Humanos de la Cámara de Senadores, Miriam Arroquia, el pasado martes, deja a todos los funcionarios de la institución muy mal parados y con una pobre imagen de patoteros y poco profesionales. La actitud prepotente y desubicada de estos empleados públicos, lanzando improperios y hasta instando a utilizar la fuerza por “defender a los señores senadores”, como lo expresó la novia de un legislador y funcionaria de dicha dependencia –como si los mismos lo necesitaran, con los fueros e influencias que poseen, que alguien lo hiciera–, expone un nivel de comportamiento muy por debajo de lo esperado de estos colaboradores de parlamentarios.
Aquí no hablamos de que los funcionarios no tengan el derecho a defender sus posturas o exponer sus reclamos, pero realizar una patoteada en contra de una resolución institucional, legalmente promulgada, y además acompañarlo con un show propio del programa sensacionalista Laura en América, no corresponde ni va con la jerarquía que debería tener el plantel; existen canales y formas pertinentes. Esto merece una respuesta clara de parte de las autoridades, una sanción e incluso la imputación si la investigación lo determina. De lo contrario el mensaje sería: Aquí todo sigue igual; y lo que vale es el padrino, novio/a o amante político que nos hace intocables.
El Congreso de la nación, y en este caso la dependencia que administra nada menos que los recursos humanos; factor vital para el quehacer de una institución, no puede manejarse con los criterios de compra y venta de un mercado, seguir privilegiando el intercambio de favores –de todo tipo– y los cupos políticos.
Lo primero que uno interpreta es que aquí hay gato encerrado en el manejo de RRHH del Senado; mucho por ocultar a la opinión pública, además de evitar los concursos por méritos y aptitudes, y sacar a luz a los planilleros activos o funcionales (de aquellos que abarrotan las oficinas sin ninguna función), así como millonarios salarios injustificados.
Pero llama la atención que el presidente del Congreso no pretenda una auditoría –según Arroquia–, algo muy necesario si realmente se quiere transparentar la institución. Es decir, se quiere hacer las cosas a medias, quizás para cuidar intereses políticos partidarios, antes que los del bien común. Lo claro con todo lo acontecido es que urge jerarquizar el ingreso a la función pública, con personas de calidad profesional y humana, que cumplan con su tarea, no apoyen manejos poco transparentes, y sean capaces de actuar con ética y respeto, incluso, cuando alguien “que no es de la casa” se atreve a interinar una oficina.
