Sosa explicó que este pedido se realiza para saber si el consorcio Empo Ltda. y Asociados (brasileño-paraguayo) está cumpliendo o no con la medidas de mitigación que está obligada a cumplir con forme al Plan de Gestión Ambiental que presentó a la Seam. “Esto, ante a la situación en la que nos encontramos con la gran crecida del río y a los efectos de que podamos determinar si nos encontramos o no con un eventual daño ambiental o un incumplimiento de medidas de mitigación por parte de la empresa”, comentó el fiscal Jorge Sosa a Telefuturo.
Piden Informe. El agente del Ministerio Público solicitó a la Junta Municipal de Asunción las dos resoluciones publicadas en los medio escritos y que tienen que ver con la cancelación de la autorización para que Empo realice la explotación de Cateura y otra que revoca esta misma medida resolutiva, porque la empresa aseguró que contaba con licencia ambiental de Seam.
“Solicitamos los antecedentes de las resoluciones, dos según medios escritos, (...) queremos verificar, desde el Ministerio Público, cuáles son los fundamentos para estas dos resoluciones de modo a que podamos trazar la línea de investigación a los efectos de determinar eventuales inconductas desde el punto de vista ambiental, sea por acción u omisión”, resaltó el fiscal del ambiente.
Entre tanto, Digesa deberá realizar un monitoreo del agua del río Paraguay para verificar si hay lixiviado. También la Fiscalía realizará los mismos estudios pertinentes para comparar los resultados
En tanto, la Fiscalía aclaró que no existe de momento hecho punible y definirá qué medidas tomar a partir del resultado que arrojen los estudios y los informes que remitirán la Seam y la Junta Municipal.
Por su parte, la Secretaría del Ambiente debe remitir el Plan de Gestión con respecto a la disposición de la pileta de lixiviado, que debe renovarse cada año.