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Política
sábado 27 de agosto de 2016, 02:00

Fiscalía investiga millonario pago en compra de aparato de espionaje

El fiscal de la unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Martín Cabrera, se constituyó ayer en la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en busca de documentos sobre un presunto caso de sobrefacturación en la compra de equipos de espionaje que fueron adquiridos por dicha institución en el año 2012 y pagados en el 2013, durante la era de Francisco de Vargas, actual ministro del Interior.

El monto abonado fue de G. 9.400.000.000, cifra que aparentemente no condice con el precio original con el que se adquirió en su momento por la firma importadora Televox, propiedad de Nicasio Bóbeda, quien era un proveedor del Estado.

Según la investigación, la firma Televox surgió en el año 2009 y hasta el 2012 no registró movimientos en la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). Sin embargo, este último año (2012) pasó a ser un proveedor del Estado e importó elementos de rastreo móvil sensitivo (aparato de espionaje). Aduanas aseguró que la importación costó 41.000 euros, unos G. 3.000 millones al cambio actual mientras que la Senad lo había adquirido por G. 9.400.000.000.

El fiscal Cabrera aseguró que la empresa Televox ingresó como proveedora del Estado, solo para importar y vender el equipamiento para la Senad y luego ya no registró movimiento alguno.

El agente del Ministerio Público explicó que en el 2012, la empresa Televox informó a la Secretaría Técnica de Tributación que tuvo una pérdida de 3 millones de dólares.

Luego cambió su versión y con documentos presumiblemente falsos rindió tributo por G. 5.000 millones por la venta de dichos aparatos al Estado y además para acceder a créditos fiscales.

Delito. “La investigación va dirigida hacia la empresa Televox. Tenemos la información de que esta firma presentó ante la SET facturas de contenido falso por más de 5.000 millones de guaraníes”, explicó Cabrera.

Añadió que la mencionada empresa vendió en el 2012 el equipo por G. 9.400. 000. 000 y en el 2015 por G. 1.500. 000.000 con otros accesorios.

“En principio, los precios no condicen, fue más barata su compra por la firma importadora y el triple más cara en la venta a la Senad”, dijo el agente del Ministerio Público.

El fiscal explicó que se trataría de un caso de uso y producción de documentos de contenido falso y si existiesen algunos responsables del Estado sería también lesión de confianza.

Cabrera mencionó que si se descubre que existió una sospecha de complicidad de parte del anterior ministro de la Senad, también sería imputado por lesión de confianza.

La compra inicial lo habría autorizado el actual ministro del Interior, Francisco De Vargas, en el 2012 y pagó en el 2013, mientras que la segunda parte fue en el 2015, ya a cargo del ex titular de la Senad, Luis Rojas.

Ambos se llamaron a silencio tras el procedimiento fiscal.