El vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Alberto Ramírez Zambonini, fue imputado ayer por el esquema de planilleros dentro de la institución que fue destapado por una investigación periodística de ÚH.
Las fiscalas del caso, Claudia Morys y Sussy Riquelme, también imputaron a otras diez personas, entre ellas el amigo cercano de Ramírez, Manuel Radice, y su esposa, Clara Haydée Silveira Arza, la asesora viajera de la Justicia Electoral. También fueron imputadas la hermana de Clara, Gloria Silveira Arza, y su madre, Ana Catalina Arza. Para el Ministerio Público, todas ellas son planilleras.
También fueron imputados Luis María López Benítez y Mayra Abdo Benítez, ambos hermanos del presidente del Congreso, el senador colorado Mario Abdo Benítez. El proceso quedó a cargo del juez penal de Garantías, Hugo Sosa Pasmor.
desafuero. Las fiscalas solicitaron al juzgado que pida el desafuero de Ramírez Zambonini al Senado. La Cámara Alta deberá primero despojar al ministro de sus fueros para que pueda ser procesado.
Por otro lado, las fiscalas Morys y Riquelme también pidieron al magistrado que otorgue medidas alternativas a la prisión para el resto de los imputados.
La investigación fiscal se sustenta en distintos informes que certifican que los funcionarios realmente no trabajaban en el TSJE. En el caso de Clara Silveira, la Fiscalía sostiene que ella “firmaba” planilla cuando estaba en el exterior o incluso mientras estaba en el gimnasio.
LOS DELITOS. Ramírez Zambonini fue imputado por la figura de inducción a un subordinado a un hecho punible, en calidad de autor. Con esto, la Fiscalía sostiene que el ministro permitió y posibilitó que funcionarios cobren sus haberes sin prestar servicios a la Justicia Electoral.
Manuel Radice Zárate es investigado por uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y cobro indebido de honorarios, ambos delitos en calidad de cómplice. Este habría conseguido contratos en la Justicia Electoral a varios allegados, entre ellos su esposa, su cuñada y su suegra, así como empleados particulares suyos que si bien no fueron imputados, continúan investigados por la Fiscalía.
Por otro lado, fueron imputados Víctor Báez Alfonso, jefe de despacho de Ramírez Zambonini, Christian Bogado, director de Recursos Humanos, Modesto Núñez, superintendente, y María Isabel Quintana Ríos, coordinadora.
Los mismos fueron imputados por cobro indebido de honorarios en calidad de cómplice y como autores del delito de expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso. Ambos delitos tienen una expectativa de pena de hasta dos años de cárcel.
La investigación determinó que RRHH mantenía planillas de asistencia con datos falsos sobre varios funcionarios con el fin de evitar una auditoría sobre la dirección. Las planillas eran avaladas con firmas de funcionarios superiores.