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Interior
viernes 12 de mayo de 2017, 02:00

Fiscalía imputa a 4 sospechosos de participar en atropello a ava guaraní

Se ordenó la detención del abogado Marcos Torales Alcaraz, su hijo Marcos Javier Torales Paniagua, el dirigente campesino Ismael Barrios y Roberto de Souza André, ex administrador de Inpasa.

Édgar Medina

ITAKYRY

Por coacción grave imputan y ordenan la detención preventiva de 4 de los supuestos involucrados en el desmantelamiento de la comunidad indígena 3 de Julio Ysati, de la parcialidad Ava Guaraní, ubicada en el distrito de Itakyry.

Los fiscales Adolfo Santander y Alfredo Acosta Heyn investigan el supuesto atropello a la comunidad indígena ubicada a 110 kilómetros al norte de Ciudad del Este, donde se denunció la destrucción y quema de ranchos y una escuela, además del amedrentamiento con disparos con arma de fuego contra los indígenas.

Los imputados son el abogado Marcos Torales Alcaraz, su hijo Marcos Javier Torales Paniagua, el dirigente campesino Ismael Barrios y Roberto de Souza André, ex administrador comercial de la empresa Industria Paraguaya de Alcoholes SA; quienes se encontraban en el lugar el lunes último, en el momento en que los 15 ranchos fueron quemados, de acuerdo a la denuncia presentada ante el Ministerio Público.

Autoridades. La Cámara de Senadores por su parte declaró ayer "que condena enérgicamente el atropello de supuestos guardias privados armados de la firma Inpasa en perjuicio de una comunidad Ava Guaraní en el distrito de Itakyry, en tierras de propiedad del INDI, e insta al Poder Ejecutivo a impulsar la investigación de los hechos y brindar inmediata asistencia y resguardo policial a los afectados".

También, Miguel Ángel Godoy, defensor del Pueblo, se presentó ayer en la Fiscalía General y formuló denuncia contra personas innominadas, por la comisión de los supuestos hechos punibles de coacción y usurpación de funciones públicas.

antecedentes. La propiedad en cuestión está afectada por una parcela mayor de 2.638 hectáreas con títulos superpuestos y el litigio data del 2009. La firma Inpasa llegó a conseguir una orden de desalojo contra los nativos, porque sostienen que tienen mejor derecho. Sin embargo, dicha orden, que data del 2012, jamás se logró cumplir.

Uno de los imputados, el dirigente campesino Ismael Barrios, había señalado que ellos actuaron solamente como intermediarios, para buscar un lugar para reubicar a la comunidad indígena, luego de que el presidente del Instituto Nacional del Indígena, Aldo Saldívar, afirmara en una reunión al cacique Luciano Villalba –que encabezó el desmantelamiento de ranchos y la escuela–, que no tenían documentos sobre la propiedad donde estaba asentada la comunidad 3 de Julio Ysati.

Reunión. En la mañana de ayer el titular del INDI, Aldo Saldívar, reafirmó a los indígenas liderados actualmente por Filemón Vázquez, que esa propiedad es de ellos y no de Inpasa, de acuerdo a lo informado por Ricardo Orrego, uno de los afectados. "Le preguntamos si él (Aldo Saldívar) estaba con nosotros o en nuestra contra. Él nos dijo que estaba ciento por ciento con nosotros y nos garantizó que la propiedad es nuestra. Ahora vamos a reubicarnos en el lugar y elegir un nuevo cacique, porque el cacique sinvergüenza ya se fue", relató ayer el nativo Ricardo Ortiz.