CIUDAD DEL ESTE
El fiscal Elvio Aguilera insiste en enviar a la cárcel al joven condenado en Ciudad del Este a dos años de prisión por producir aceite de cannabis. El pedido generó el rechazo de varias organizaciones.
Por supuesto peligro de fuga, el fiscal Elvio Aguilera pidió la revocación del auto interlocutorio por el cual un tribunal otorgó el arresto domiciliario –en el marco de una revocatoria de prisión– a Édgar Martínez Sacoman, quien había sido condenado a dos años y medio de prisión por producir aceite de cannabis en forma irregular.
La defensa rechazó el pedido señalando que mantener en prisión a una persona que ayudaba a personas necesitadas a mejorar su salud y salvar vidas no ayuda ni al Derecho ni a la Justicia. El planteamiento debe ser estudiado tras la feria judicial por la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de Ciudad del Este.
Martínez Sacoman estuvo recluido un año y medio en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, tras su detención con hojas de marihuana en agua congelada en un refrigerador, además de otros elementos que servían para producir aceite de cannabis; este posteriormente era donado a familias que lo utilizan como medicina alternativa.
El fiscal Aguilera sostuvo que en la vivienda había un laboratorio de procesamiento de cocaína inicialmente, por algunos elementos hallados en la residencia allanada, donde se encontraron los elementos que llevaron a una condena en un juicio oral y público en diciembre pasado.
El tribunal colegiado, integrado por los jueces Carlos Vera Ruiz Díaz, Fátima Burró y Lourdes Morínigo, calificó el hecho como posesión de estupefacientes sin autorización, pero en concordancia con un artículo en el que refiere a la figura del error de prohibición vencible, para imponer una condena de dos años y medio de prisión.
En otra audiencia de revisión de medidas le otorgaron el arresto domiciliario por la vía de la revocatoria de prisión. Antes, el ahora condenado estuvo un año y medio en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este con prisión preventiva.
Paradójicamente, cuando se dictó la condena, el Poder Ejecutivo sancionó la Ley 6007/17, que crea el marco regulatorio para la investigación médica y científica de la marihuana para su uso medicinal, terapéutico y paliativo del dolor, promoviendo el cuidado integral de la salud.