“Pudimos determinar que se instalaron seis teatros de operaciones y más de 20 campamentos técnicos donde se aplicaban infames interrogatorios con equipos especializados en práctica de torturas que incluían personal médico”, dijo Ortega Díaz al presentar el informe final de la Comisión por la Justicia y la Verdad para ese período.
Como “puntofijismo” se conoce la alternancia en el poder del partido democristiano Copei y el socialdemócrata Acción Democrática (AD) desde el fin de la dictadura militar en 1958 y hasta que Chávez ganó su primera elección en diciembre de 1998.
La comisión que durante cuatro años se dedicó a averiguar los casos de violación a derechos humanos y los delitos de lesa humanidad por razones políticas entre 1958 y 1998 y revisó “casi la totalidad” de esos recintos, aunque no detalló su ubicación.
La fiscal indicó, además, que durante ese período hubo suspensión de las “garantías constitucionales”, se ilegalizaron partidos políticos de tendencia de izquierda y se cometieron violaciones a la inmunidad parlamentaria e incluso hubo “diputados detenidos”.
Señaló que también hubo “una perversa práctica” al procesar “militarmente a civiles” y reiteró que se logró precisar la identidad de 10.071 víctimas de “muertos y desaparecidos”.
Durante las investigaciones, en las que se revisaron archivos desclasificados de la policía y militares, se examinaron 16.630 expedientes y se determinó que 1.425 personas fueron asesinadas y que “459 sufrieron desapariciones forzadas”.
Hasta el momento se ha logrado la ubicación y exhumación de “19 restos de personas desaparecidas” de los cuales 14 fueron entregados a sus familiares, dijo Ortega Díaz, quien añadió que “hay algunos restos que todavía están en la unidad criminalística” para trabajos de identificación.
Asimismo, con las investigaciones también se identificó a “muchos de los represores materiales así como también las líneas de mando bajo las cuales se presume que actuaron” y contra ellos, el Ministerio Público (MP) actuó.
Ortega Díaz aseguró que el Ministerio Público continuará “con las investigaciones”, debido a que todavía hay cosas por hacer y por ello se creó “la Fiscalía 94 Nacional de Protección de Derechos Fundamentales” para que tenga como prioridad estos casos.
Este informe será enviado a distintas organizaciones internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA), Organización de Naciones Unidas (ONU), ONG, a distintos países y será difundido nacionalmente.
Además se creará el Museo de Memoria Histórica que tendrá su sede en el Cuartel San Carlos de Caracas.
