El ex defensor del Pueblo, Manuel María Páez Monges, fue beneficiado ayer con las medidas alternativas a la prisión preventiva, junto con otros dos coprocesados.
Todos están imputados por lesión de confianza, a raíz de denuncias del actual defensor del Pueblo, Miguel Godoy.
Se habla de la adulteración de documentos para beneficiar con indemnizaciones a supuestas víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner.
Las audiencias fueron ante la jueza de Garantías, Rosarito Montanía, quien les concedió las medidas alternativas a la prisión.
Páez Monges estuvo asistido por el defensor Público Federico Hetter, durante la diligencia ante la magistrada.
Con ello, le prohibieron salir del país sin autorización del juzgado, presentarse del 1 al 5 de cada mes para firmar el libro de comparecencia.
Asimismo, como no se puede imponer una fianza personal a la Defensa Pública, la jueza intimó a Páez Monges a que en el plazo de 30 días, presente una persona que asumirá la caución personal o real hasta cubrir la suma de G. 300.000.000. Esto para evitar el peligro de fuga.
COPROCESADOS. Además, ayer también estuvieron Shirley Cantero, ex defensora delegada, y Victorino Andrés González Sarubbi, ex encargado del Centro de Documentación y Archivo para la defensa de los Derechos Humanos.
En el caso de Cantero, la misma fue asistida por el defensor Público, Jorge Rolón. La misma también cuenta con medidas alternativas.
En su caso, ante la intimación de la jueza, la misma señaló que su esposo asumirá la fianza personal por la suma de G. 50.000.000.
Con respecto a González, fue asistido por un abogado particular, aunque la jueza también le dio un plazo de 30 días para presentar una fianza sea personal o real por la suma de G. 300.000.000.
Los dos también tienen prohibición de salida del país, de cambiar de domicilio, y deben comparecer ante el juzgado del 1 al 5 de cada mes.
IMPUTACIÓN. En el caso, los fiscales Ígor Cáceres y Josefina Aghemo, habían imputado a los tres por supuesta lesión de confianza.
El hecho data del 2012. Estuvo a un paso de prescribir, según el actual defensor del Pueblo, Miguel Godoy.
Según refiere la imputación, Páez Monges dictaminó a favor de Rubén Antonio Zárate Vera, con documentos adulterados para hacer figurar a sus padres, Cipriano Zárate y Aurelia Vera, eran víctimas stronistas.
Así, se les indemnizó con 1.000 jornales mínimos legales, bajo la Resolución DP N° 366/12. Esto pese a que en memos y dictámenes se pedía el rechazo y se advertía sobre documentos adulterados.
El Ministerio de Hacienda pagó G. 63.777.000. Lo mismo cobraron sus hermanos Carmelo y Braulio Aníbal. Por su parte, Lyliana Zárate Vera, cobró G. 57.980.000.
También hay otros casos como Ramón Almada Dávalos que recibió G. 81.280.500, también con documentaciones falsas para cobrar el dinero, según la Fiscalía. Hay varios otros casos más.
La Cifra
300.000.000 de guaraníes es la fianza personal o real que debe presentar el ex defensor del Pueblo, Manuel Páez Monges.
El actual contralor general sigue investigado
En la misma causa, continúa la investigación para el actual contralor general de la República, José Enrique García. Esto porque cuando era procurador general también habría dado dictámenes.
ÚH publicó un dictamen favorable de García en el caso de Carmelo Zárate Vera, quien también supuestamente adulteró los documentos.
Los fiscales Ígor Cáceres y Josefina Aghemo, continúan con las investigaciones con respecto a la responsabilidad o no de García en los casos.
Con respecto al ex defensor del Pueblo, Manuel María Páez Monges, tiene otra investigación fiscal por los supuestos delitos de lesión de confianza, estafa y asociación criminal. En este caso, no existe imputación alguna y continúa la pesquisa fiscal.