El Ministerio del Interior decidió esta semana seguir adelante con la licitación para implementar un nuevo sistema para emisión de cédulas y pasaportes electrónicos, a pesar de un pedido expreso de la Contraloría General de la República (CGR) de suspender el proceso ante denuncias por irregularidades (www.ultimahora.com/c1116544).
Esta secretaría de Estado no es la primera que ignora la recomendación de la Contraloría. De hecho, y al parecer por orden superior, se ha vuelto una costumbre en el Gobierno recurrir a todas las artimañas posibles para evitar ser controlados en el uso de los fondos públicos.
Así tenemos el caso del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), institución que primero recurrió a la Corte para ser auditados solo por el Tribunal de Cuentas y luego pidió a la máxima instancia judicial una declaración de certeza constitucional (figura inexistente en la Carta Magna) como último recurso para salvar la APP del Aeropuerto que busca otorgar a Sacyr, empresa con pésimos antecedentes a nivel internacional.
En ese sentido, es necesario recordar lo que dice la Constitución Nacional, en su artículo 283, inciso 1: “Son deberes y atribuciones del Contralor General de la República: El control, la vigilancia y la fiscalización de los bienes públicos y del patrimonio del Estado, los de las entidades regionales o departamentales, los de las municipalidades, los del Banco Central y los de los demás bancos del Estado o mixtos”.
Habiendo leído el párrafo anterior, es más que claro que la Contraloría tiene competencias para recomendar las suspensiones de procesos que no cumplieron con las normativas y que tienen visos de corrupción.
Es importante que nos preguntemos nuevamente qué esconde el Gobierno y resulta, incluso, hasta muy contradictorio que un Gobierno que se jacta habitualmente de la transparencia y el acceso a la información pública, busque evadir o haga caso omiso a los controles de una institución cuyo rol exclusivo es velar por los intereses de la cosa pública.
En un Estado que dice ser democrático, pero en el que ocurren a diario violaciones a la Constitución, sin que esto sea sancionado, resulta reconfortante y vivificante que finalmente el Ejecutivo encuentre una oposición, en el buen sentido, en la entidad contralora, una entidad que históricamente operó mayormente para blanqueos. Que haya rechazo al trabajo de esta institución, es una buena señal.
Como un ciudadano más, le insto a la Contraloría a seguir vigilando cuidadosamente el uso de los fondos públicos, sobre todo y principalmente, teniendo en cuenta que se vienen las elecciones y es bien sabido que los recursos del Estado son invariablemente utilizados como un estímulo al voto.