EFE
La Administración de Donald Trump presentó su propuesta el viernes último para reformar Title X, el único programa federal que financia la salud sexual de las mujeres y hombres con pocos recursos y sin seguro médico.
La nueva norma prevé retirar las subvenciones a las clínicas que practiquen abortos o lo recomienden a sus usuarias, lo que provocará que organizaciones como Planned Parenthood dejen de recibir fondos federales del programa Title X.
Planned Parenthood atiende al 41% de mujeres que reciben servicios de planificación familiar a través de este programa, al que acuden, sobre todo, mujeres con pocos recursos.
Muchas de ellas son indocumentadas; el 30% de los usuarios de Title X son latinos y el 13% tiene el inglés como segundo idioma.
En 2009, Planned Parenthood practicó más de 33.000 abortos, un 40% del total, aunque también es uno de los mayores proveedores de anticonceptivos del país y además de interrupciones de embarazo ofrece chequeos de infecciones sexuales, anticonceptivos y una larga lista de métodos de planificación familiar, como el DIU.
De hecho, son estos otros servicios los que se subvencionan con fondos públicos, ya que la ley estadounidense prohíbe que las arcas del país costeen los abortos.
Sin embargo, las clínicas suelen hacer uso de estos fondos como si de una hucha común se tratase, y con ellos sufragan su funcionamiento y todo su catálogo de servicios.
Ya desde el viernes y hasta el 31 de julio, la norma está abierta a enmiendas, y tanto las clínicas, el movimiento feminista y los líderes demócratas ya han avisado que piensan dar la batalla.
“Lucharemos contra esta nueva regla”, advierte a Efe Johanny Adames, portavoz de Planned Parenthood, al tiempo que precisa que pase lo que pase “garantizarán” el acceso universal al aborto.
Las campañas para detener la nueva norma ya comenzaron: más de 200 congresistas y 100 organizaciones de salud pública, como el Colegio Americano de Médicos (ACP, en inglés), se pronunciaron contra la nueva “regla mordaza”, como la bautizaron.
La nueva regulación no afectará a las usuarias de Medicaid, el seguro médico gubernamental que cubre a los ciudadanos con menos recursos, que seguirán accediendo a todo el catálogo de servicios de forma gratuita.
Y es que cuando los pacientes de Medicaid son atendidos en Planned Parenthood, el Gobierno reembolsa a las clínicas estos servicios, unas contribuciones que suponen tres cuartos de su presupuesto, una partida mucho más importante que la de Title X.
Esto no cambiará con la nueva norma, que afectará mayormente a las pacientes que no disponen de seguro médico, como muchas inmigrantes indocumentadas.
Las trabas por parte de los republicanos al aborto no son nuevas, y estados como Texas, Alabama o Utah retiraron los fondos públicos a las clínicas que practicaban abortos hace años.
Como resultado, en Texas casi 30.000 mujeres dejaron de recibir anticonceptivos, exámenes de detección de cáncer y otros cuidados de salud y los embarazos aumentaron un 27% entre las mujeres que dejaron de tener acceso a los anticonceptivos inyectables, según un estudio estatal y otro de la Universidad de Texas.
La fiscal general del estado de Nueva York, Barbara Underwood, calificó el viernes a la nueva regulación de “ataque intolerable” y anunció que exploraría “todas las vías legales” para proteger el acceso de todas las mujeres al aborto.
“Los últimos ataques de la administración Trump a los derechos reproductivos de las mujeres son, simplemente, inadmisibles”, afirmó Underwood.
