EFE
En rueda de prensa, el ministro español de Energía, Álvaro Nadal, anunció que la orden ministerial que denegará la renovación de la autorización se firmará “inmediatamente”.
La central de Santa María de Garoña, ubicada en la provincia norteña de Burgos y que consta de un reactor, comenzó operar en 1970 y su cierre ha sido uno de los símbolos de la lucha de las organizaciones antinucleares españolas.
También existe una “clara oposición política” de la mayoría de los partidos parlamentarios a que sea reactivada, constató Nadal.
En febrero pasado, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) español (órgano consultivo) aprobó un dictamen favorable a reabrir la central siempre y cuando la empresa que la gestionara cumpliera con las inversiones en seguridad exigidas.
Esta instalación es propiedad de Nuclenor, participada al 50 % por las empresas eléctricas Endesa e Iberdrola.
Endesa aseguró hoy que respeta y asume la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de no autorizar que vuelva a funcionar y ejecutará todas las operaciones para el desmantelamiento.
En septiembre de 2012, Nuclenor optó por no solicitar la prórroga de funcionamiento hasta 2019 por motivos económicos: las elevadas inversiones para seguir operando y los nuevos impuestos para el combustible gastado. La central se desconectó de la red eléctrica en diciembre.
Sin embargo, cambió de opinión en 2013 y pidió al Gobierno la reapertura hasta 2031.
El ministro explicó que el cierre de la planta de Garoña se prolongará entre trece y dieciséis años. Quiso dejar claro que la decisión del Gobierno en este caso no se puede extrapolar al resto de las nucleares.
El único reactor de Garoña, el de menor capacidad en España, es del tipo de agua en ebullición (BWR) con una potencia instalada de 460 megavatios.
En estos momentos hay cinco centrales activas en el país, que suman siete reactores, y otras dos más están en fase de desmantelamiento, a las que se unirá Garoña.
