El consorcio denominado Concesionaria de Peajes del Paraguay, integrado por CDD Construcciones SA (Paraguay) y Ramón C. Álvarez Construcciones SA (Uruguay), no cumplió con una exigencia clave para adjudicarse la operación de 13 puestos de peajes de las rutas del país.
Es que, en el pliego de bases y condiciones de la licitación en cuestión, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) exigió que las empresas interesadas tengan como mínimo contratos de operación y mantenimiento de peajes por al menos USD 5 millones y cuatro años de duración.
En este sentido, Concesionaria de Peajes del Paraguay acreditó como experiencia un contrato que tuvo la empresa Ramón C. Álvarez Construcciones SA en Uruguay, entre los años 2002 y 2007, avalado por la Corporación Vial del Uruguay, que tiene una concesión vial en el país charrúa. El grupo certificó una experiencia de cinco años.
Sin embargo, un documento del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Uruguay, al que accedió ÚH, confirmó que la duración del contrato de Ramón C. Álvarez fue realmente desde el 2002 hasta el 2005 (ver facsímil), completando una experiencia de un poco más de tres años y cinco meses. Esto significa que no cumplía con el requisito mínimo de cuatro años de experiencia que exige el pliego, pero igual se le adjudicó.
La firma uruguaya manejaba claramente los detalles de su contrato en Uruguay, pero con una maniobra de documentos pudo ganar una jugosa licitación en Paraguay, valiéndose de un aval de la Corporación Vial del Uruguay que tenía un error en el periodo de contratación de la empresa.
Es que, en un comienzo, Corporación Vial del Uruguay avaló que Ramón C. Álvarez tenía la experiencia requerida, ya en una constancia garantizó que la firma tenía un contrato desde el 2002 hasta el 2007. Esto con la firma de la funcionaria Mónica Rodríguez (del departamento de Control de Gestión), que después tuvo que corregir este “error”.
CORRECCIÓN TARDÍA. Una vez que se comenzó a indagar sobre la experiencia en operación de peajes de la firma uruguaya, la misma funcionaria que le otorgó la experiencia que no tenía se tuvo que rectificar.
El 14 de diciembre pasado, una semana después de la adjudicación de la operación de los peajes del país, Mónica Rodríguez remitió un correo electrónico desde Uruguay a la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del MOPC, al ministro Ramón Jiménez Gaona, y a la viceministra Marta Benítez, advirtiendo sobre el error en el periodo de contratación de la firma charrúa.
Este medio accedió al correo en cuestión y su adjunto, donde Rodríguez señala: “Se deja constancia de que las empresas Ramón C. Álvarez SA y Hernández y González SA llevaron adelante la construcción de 9 peajes en rutas nacionales, la gestión y el mantenimiento de los mismos entre el día 16 de abril de 2002 y el día 1 de octubre de 2005".
De esta forma, se evidencia que el consorcio no cumple con la exigencia clave del llamado. Empero, todavía no se sabe si el MOPC anulará la adjudicación. La mentora de la tercerización es la viceministra de Finanzas, Marta Benítez, que hasta ahora se niega a hablar con la prensa. De acuerdo a la Dirección de Comunicaciones, hoy daría su versión respecto a este tema.
Ahora, lo concreto es que la Concesionaria de Peajes del Paraguay podrá percibir hasta USD 80 millones por cobrar el peaje durante 10 años.
Corrección. Documento adjunto en el correo electrónico que remitió Corporación Vial del Uruguay al MOPC.
Documento. Ministerio de Uruguay aclara sobre contrato de Ramón C. Álvarez.
