“Hay casos de gente con salud muy grave. A pesar de que reciben el tratamiento médico fallecen lastimosamente”, relató el abogado Andreas Ohlandt, titular de la Dirección Jurídica de la previsional, al referirse a personas que, en algunos casos, ingresan “por la ventana”, como se califica a los amparistas.
Esta es una de las tantas situaciones que suceden con las personas que piden amparo judicial para un tratamiento médico, compra de medicamentos, prótesis, internación y otros, pese a no cumplir con el periodo de carencia, que son los aportes y antigüedades mínimas requeridas para tener derechos a las prestaciones de salud. Un punto muy discutido en cuanto al derecho a la salud.
DESCENSO. Con la presentación de la denuncia penal contra los empleadores por supuestas declaraciones falsas, disminuyó en los últimos cinco meses la cantidad de presentación de amparos judiciales, una acción que permite a la persona acceder a la cobertura y tratamiento médico. De 20 pedidos de manera mensual, bajó a 10; es decir, el 50%, señaló el abogado Andreas Ohlandt.
“Nosotros atribuimos eso porque comenzamos a denunciar en lo penal a los que inscriben irregularmente y promueven los amparos. Se aseguran en la empresa de conocidos y promueven los amparos. Tenemos casos de personas con cáncer de próstata avanzado que están aseguradas como guardias de seguridad. En esos casos denunciamos en lo penal al empleador por hacer una declaración falsa”.
En algunos casos, el IPS detectó casos fraudulentos a los que denominan los seguros de favor, que se dan cuando las personas se inscriben en el IPS, pero no desempeñan funciones en una empresa o un oficio. Se inscriben al seguro cuando se enferman para ser beneficiados con tratamientos que tienen un alto costo, dijo Ohlandt.
Un costo de estimativamente USD 5 millones al año se registró en los tres ejercicios anteriores. Se presume que este monto está disminuyendo. Diálisis, enfermedades oncológicas, compra de medicamentos costosos o que no están registrados en el Ministerio de Salud Pública (MSP) figuran en los primeros lugares de la demanda en los amparos judiciales.
“Los procesos siguen su curso. Lo que hacemos para disuadir un poco es hacer la denuncia penal. Va un inspector del IPS, constata que la empresa está cerrada, no existe o los empleados manifiestan que no conocen al amparista, con eso hacemos la denuncia penal”. Estos son los denominados seguros de favor, explicó.
El director jurídico alegó que esta situación afecta a la cobertura de salud de los asegurados que están con legalidad y al día.
En el Hospital Central del IPS se recibe un promedio de seis recursos de amparo mensualmente. “Los casos más frecuentes son para internaciones, hemodiálisis, provisión de insumos, cirugías cardiacas y prótesis”, señaló la abogada Lourdes Cañete, jefa de Asesoría Jurídica del Hospital Central.
