La Policía Nacional contestó el pedido de informes que recibió de la Fiscalía Antidrogas por el aparente juramento de Sánchez como intendente de la ciudad fronteriza.
“Nos compete la cobertura de ese tipo de actos. La filmación ya la tiene la Fiscalía y ahí no está en ninguna parte el señor Sánchez. Solo los concejales. De 19.00 a 22.00 horas fue el acto de la Junta Municipal y el intendente electo no estuvo”, recalcó ayer el comisario de Cap. Bado, Richer Rodas.
La Policía envió las explicaciones correspondientes al Ministerio Público y en el texto desmiente que el político haya jurado y asegura que las fotos son trucadas.
En ese sentido, el informe especifica que policías hicieron la cobertura del acto de juramento de autoridades municipales de la ciudad y asegura que en ningún momento Denilso fue visto en el lugar.
Además, el informe destaca que los concejales que juraron en el acto portaban otras vestimentas que en las fotografías difundidas.
En la sesión los ediles tenían una prenda y en donde aparecen con Sánchez estaban con esta ropa.
No obstante, la Fiscalía Antidrogas anunció que seguirá investigando lo ocurrido.
Para el efecto, citó a la escribana Sara Duarte, quien supuestamente tomó el juramente de Denilso.
A la vez, pidieron a la mujer llevar al Ministerio Público datos de todos los trabajos suyos donde intervino Denilso o su hermano Rubén Chicharõ Sánchez.
Este último estuvo preso en Tacumbú sospechado también por lavado de dinero producto del narcotráfico en Capitán Bado.
Según los datos preliminares, pero que hasta ahora no se pueden comprobar, el intendente prófugo de la Justicia juró el sábado sin ser aprendido como correspondía.
Pablo Barrios, concejal municipal del Unace, fue quien señaló que Denilso Sánchez Garcete se presentó en la Municipalidad y prestó juramento. Sin embargo, no hay pruebas certeras de ello.
“Doce concejales estuvimos presentes en el juramento de Denilso Sánchez. Él estuvo 4 a 5 minutos y se fue”, afirmó Barrios esa vez.
De haber jurado, Sánchez, quien hizo campaña electoral con una orden de captura encima, deberá resolver su situación judicial porque tiene 30 días para presentarse en su despacho. De otra manera, se llamará de nuevo a elecciones, al menos si esto ocurriere en los primeros tres años del periodo. Esto, según se establece en la ley orgánica municipal vigente.