Tras una reñida discusión a favor y en contra entre el oficialismo y la oposición, finalmente, una mayoría de 24 senadores logró ayer la sanción de la Ley General de Tránsito y Seguridad Vial.
La aprobación del texto de la Cámara Alta implica que la oenegé Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), que nuclea a numerosos municipios, queda eliminada como recaudadora de un millonario monto en concepto de registros.
La polémica ley ahora está en manos del presidente Horacio Cartes, quien tiene como asesor político a Basilio Bachi Núñez, considerado por la oposición como uno de los beneficiarios de la Opaci, atendiendo a que integra un poderoso clan de Villa Hayes, junto con sus hermanos Óscar y Ricardo, quienes manejaron por años la organización. Ricardo Núñez dejó prácticamente vacías las arcas de la Comuna villahayense en donde fue intendente.
Actualmente, la Opaci es presidida por la intendenta de Ybycuí, María del Carmen Benítez, esposa del polémico diputado oficialista Éver Rivas, quien según una investigación de este diario, paga con dinero de Diputados a sus caseros.
El escenario de ayer en el Senado demostró que el oficialismo no tiene una mayoría para defender los intereses del Poder Ejecutivo y constituye un revés para Cartes luego de mucho tiempo.
El senador Eduardo Petta, quien ya el jueves pasado expuso a favor de la eliminación de los privilegios para la oenegé, volvió a insistir ayer y encontró una fuerte resistencia. Aclaró que en el texto del Senado se mantienen las atribuciones que tienen los intendentes municipales, y se les condiciona que cumplan los exámenes teóricos y prácticos a la hora de expedir los registros para mejorar la calidad de los conductores.
el detalle. Petta hizo alusión al costo de la expedición de los registros y la renovación que representa anualmente un monto de G. 3.000 millones.
Sostuvo que haciendo los cálculos en cinco años se alcanzan G. 210.000 millones, que van a la Opaci y que los intendentes se convierten en simples pasamanos.
“No es persecución a los intendentes. Queremos que los intendentes ya no sean pasamanos de un cobro indebido”, indicó el senador, alegando que los jefes comunales pueden fijar cuota social, y que Opaci no quedaría sin presupuesto de esa manera.
“Sin embargo se la saca al ciudadano (la plata). Eso es lo que cuestionamos. Es un mensaje de la ciudadanía que está harta”, sentenció.
Alegó que el rubro se tendría que usar para colocar semáforos, señalizaciones, franja peatonal y ordenar el tránsito que tanto sufre la ciudadanía, sobre todo del Departamento Central.
“Se está pagando dinero por nada. Sí para estructuras y clanes políticos que están haciendo lobby”, disparó.
Los oficialistas, como Gustavo Alfonso, Jorge Oviedo Matto y Derlis Osorio, argumentaron a favor de mantener a la Opaci, alegando que ese era el pedido de varios intendentes. En ese mismo sentido se pronunció el liberal Blas Llano. Se votó y la mayoría lo hizo contra la oenegé.
