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Opinión
jueves 10 de agosto de 2017, 02:00

En Chile se podrá matar a niños con apoyo de la ley

Gustavo A. Olmedo B. - golmedo@uhora.com.py
Por Gustavo Olmedo

A través de una ley, aprobada recientemente por el Parlamento, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, está poniendo todo su empeño, con el fuerte apoyo de los políticos de izquierda, para que en su país matar a un niño o niña en el vientre de la madre sea legal y pueda ser realizado por profesionales del servicio de Salud Pública, quienes, por su parte, prácticamente no podrán presentar objeción de conciencia como correspondería en todo Estado libre y democrático. No, ellos tendrán que eliminar seres humanos o, en el mejor de los casos, pasarle la información sobre las opciones de destrucción del bebé a la angustiada y desesperada madre –quien luego quedará con secuelas imborrables–, que se plantea este crimen como alternativa válida para solucionar su problema o situación. Algo que obviamente no ocurre, pero eso nadie se lo cuenta.

Claro, al gobierno de turno le resulta más sencillo dar licencia para matar que generar las condiciones económicas, sociales y educativas necesarias y urgentes para acompañar a las mujeres que llevan en su seno la vida de un ser humano único, irrepetible e inocente de toda culpa. Como lo expresan críticos al proyecto, quienes recuerdan que "en vez de desplegar los mayores esfuerzos por ambas vidas humanas igualmente dignas –la de la madre y la del hijo que espera–, ahora en Chile habrá niños y niñas considerados 'descartables'".

En la Alemania nazi, Hitler tenía el poder "legal", pero no moral de decidir la vida y la muerte de las personas, según la lógica de su trastornado pensamiento y de una ideología aún vigente que definía quiénes eran los seres humanos que merecían vivir o cuyas vidas, en todo caso, podían ser eliminadas intencionalmente "por un bien mayor" sin que ello implique algún factor de discusión.

Tristemente esa misma lógica es impulsada hoy por las Naciones Unidas, en donde Bachelet se desempeñó con un alto cargo antes de volver a la presidencia, así como por organizaciones no gubernamentales y feministas, como la Cladem Paraguay y otras, incluyendo a Amnistía Internacional que apoya la despenalización del aborto.

La polémica normativa, que ahora está siendo analizada por el Tribunal Constitucional, ya que entra en conflicto con la Carta Magna chilena que defiende el derecho a la vida, incluso permite eliminar al hijo sin la autorización de los padres de la menor, o en caso de la inviabilidad del feto (bebé con patología grave o incurable).

Algo está muy mal en nuestra sociedad para que discutamos esto. Como bien lo expresó el obispo de San Bernardo, monseñor Juan Ignacio González: "La democracia no puede renunciar a un núcleo esencial de verdad ética, que le permita afirmar la plena vigencia de los derechos de todos los miembros de la raza humana...", con el argumento de una interpretación de la libertad o un falso pluralismo, al tiempo de recordar que la verdad no es fruto de una votación; es un hecho objetivo, como el ser humano que crece y tiene derecho a nacer. Sin duda, este tipo de leyes, que también quieren instalarse en Paraguay, constituyen un retroceso y un síntoma de lo enferma que está nuestra sociedad; una discriminación injusta hacia personas indefensas.