Beltrán Macchi, titular de la Cncsp, manifestó que el gobierno de Horacio Cartes es “poco serio” al lanzar un formulario con base en el decreto, mientras que por otro lado está diciendo a los empresarios que están analizando sus críticas.
El Gobierno tiene derecho a modificar el IRP, pero se necesita de una ley para modificarlo en el sentido que se le ha dado en el decreto, apuntó el presidente de la Cncsp. Añadió que el escenario que se visualiza es de acciones legales masivas y, por supuesto, caída de las inversiones privadas.
“Todos sabemos que el capital es cobarde y que cuando un gobierno cambia las reglas del juego de manera ilegal e inapropiada se daña la confianza. Si el Gobierno quiere recuperar la confianza, debe necesariamente corregir el decreto en cuestión y ser mucho más cuidadoso en modificar leyes por decreto, pues ponen en peligro la calificación de riesgo del país que ya está bajo la lupa”, argumentó.
Añadió que es tan grave esto que no se entiende cómo Santiago Peña, ministro de Hacienda, pudo acompañar las modificaciones por decreto. Los empresarios esperan que las autoridades del Ejecutivo reconozcan el error y lo corrijan. De no ser así, se ven negros nubarrones en el horizonte económico y un relacionamiento muy complicado con el Gobierno, advirtió.
SERÁ MASIVO. Eduardo Felippo, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), se unió a Macchi y aseguró que para los próximos días se prepara “una batería de acciones judiciales para frenar la nueva reglamentación y el formulario de liquidación presentado días atrás por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET)”.
Lamentó la falta total de respuesta de parte de la administración de Cartes, pese a los diálogos que se tuvieron en el 2016. Aseguró que, una vez que empiecen los procesos judiciales, se “parará todo el movimiento de Tributación”. Las autoridades tributarias se pasaron de revoluciones y excedieron toda lógica de aplicación administrativa de las leyes existentes, expresó Felippo.
Luis Villasanti, titular de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), había indicado que no más de 30.000 contribuyentes se hacen cargo de todos los impuestos que paga el país, haciendo alusión a que esta medida solo castiga más a los que ya están tributando.