Las mujeres rurales conforman el 47% de la población rural del Paraguay. A pesar de ello, las políticas públicas de asistencia a este sector siguen siendo tímidas.
En julio del 2016 entró en vigencia la Ley 5446/15 “De Políticas Públicas para Mujeres Rurales”, que busca promover y garantizar los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de las mujeres rurales; fundamentales para su empoderamiento y desarrollo.
La aprobación de la normativa es un gran avance para el desarrollo de las mujeres que laboran en el sector rural, como agricultoras, pescadoras, artesanas, comerciantes, feriantes, ganaderas, entre otras. No obstante, el camino por andar para concretar el empoderamiento de las mujeres rurales aún es largo.
Un paso importante en la aplicación de la Ley 5446/15 es la inclusión de dos artículos a través de los cuales se establece que los recursos del Estado necesarios para la implementación efectiva y el cumplimiento de los objetivos de esta norma deben ser incluidos anualmente en los fondos asignados en el Presupuesto General de la Nación a las instituciones, entidades y órganos encargados de su aplicación.
Agrega que el Ministerio de Hacienda debe habilitar una cuenta especial a nombre del programa o institución a los cuales debe transferir anualmente, a más tardar en el mes de marzo, la totalidad de los recursos destinados a ese efecto en el Presupuesto. Añade que queda prohibido utilizar para fines distintos de los previstos en esta ley, los recursos asignados presupuestariamente a su objeto, fines e implementación, los que no pueden ser objeto de disminución o reprogramación.
Es prácticamente imposible lograr avances si los recursos para cumplir lo establecido en la normativa no son transferidos o son recortados.
Según un informe publicado hace unos días por estudiantes de Trabajo Social en el Tercer encuentro de investigadores en Ciencias Jurídicas, organizado por la Universidad Autónoma de Encarnación (Unae), las limitaciones de acceso a créditos destinados a emprendimientos individuales siguen siendo una realidad.
Para lograr el desarrollo de la mujer rural es necesario que todas las instituciones estatales trabajen coordinadamente. El acceso a la salud y la educación son fundamentales para iniciar este proceso, que luego debe estar acompañado por viviendas dignas y capacitaciones constantes. Además, que quienes están al frente de instituciones entiendan que no se trata de publicar simples números para agradar al gobernante de turno o para aparentar que algo se está haciendo.
Es necesario que la mirada del Estado se vuelque con mayor énfasis hacia las mujeres rurales. Una mayor participación de estas en las políticas públicas que se delinean sería un paso importante para lograr este objetivo.