En sesión ordinaria los parlamentarios analizaron cada uno de los 10 artículos del proyecto de Ley que, tras una audiencia pública, logró integrar dos proyectos propuestos por los diputados Ramón Roa y Rocío Casco.
Si bien el proyecto de “emergencia educativa” fue aprobado, sufrió tres modificaciones, principalmente en el artículo 3º , que habla de la conformación de los Comités de Emergencia Educativa.
En este sentido se estableció que los comités solo estarán compuestos por el director de la institución, un representante estudiantil de Educación Media, un representante de docentes y uno de padres de los estudiantes, excluyendo de tal conformación a representantes de la Junta Municipal. Este punto fue varias veces debatido por los parlamentarios.
De la misma manera, también sufrió modificaciones en el artículo 7º que establecía que el Ministerio de Educación, los gobiernos departamentales y municipales debían de coordinar los trabajos y podrían optar por la vía de la excepción en las contrataciones para los proyectos de infraestructura edilicia en educación (construcción, mantenimiento y equipamientos de centros educativos públicos); en este punto se dictaminó que Educación no cuente con tal atribución para evitar conflictos.
El último artículo modificado fue el 9º. El mismo mencionaba que el contrato con las empresas constructoras debían estar suscriptas bajo lo estipulado en el Código Civil del Paraguay, por lo que Diputados decidieron agregar “y por las demás normativas vigentes”.
De esta forma el documento pasa a ser analizado en la Cámara de Senadores.
Proyectos habían sido unificados
El diputado Ramón Romero Roa había presentado un proyecto de ley “Que declara de emergencia la educación pública”, mientras que la diputada Rocío Casco presentó el proyecto de ley “Que declara en situación de emergencia de infraestructura al sistema educativo nacional y establece comités de emergencia educativa en cada institución afectada por la declaración de emergencia”, los cuales fueron integrados, de modo a declarar en emergencia la infraestructura de los centros educativos por dos años.
