En un país donde el 53% de lo recaudado proviene del impuesto al valor agregado (IVA), un tributo indirecto que castiga a los más pobres; mientras que el sector agropecuario tributa apenas el 2,1% en forma directa, a través del impuesto a la renta agropecuaria (Iragro), no está demás pensar en lograr que uno de los sectores más pudientes del país contribuya más.
En el 2013, cuando asumió recién Horacio Cartes logró extender la aplicación del IVA al sector agropecuario y crear el Iragro, un tributo que sustituyó al fracasado Imagro, con la promesa de que esta reforma impositiva dejaría al fisco un ingreso de USD 300 millones al año. La tasa actual aplicada al IVA agropecuario es del 5%, mientras que la del Iragro es del 10%.
La excusa otorgada el año pasado por el Poder Ejecutivo por no haber alcanzado el ingreso prometido fue que cayeron los precios internacionales e incidieron otros factores.
Como el IVA es un impuesto indirecto, hasta el momento no existen datos de cuánto de la recaudación obtenida por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) es aportada por los consumidores finales, o sea nosotros y cuánto por los productores.
El Iragro, entretanto, dejó el año pasado un ingreso de solo USD 46 millones.
Cartes también logró la reforma del impuesto inmobiliario. Aunque la normativa es de reciente aprobación y tiene un periodo de implementación de cinco años, los ingresos obtenidos por los municipios por este tributo están lejos de ser los deseables.
Ya cuando Cartes era candidato su campaña se basó en un rechazo a la creación de un impuesto a la exportación de granos en estado natural. A partir de allí, tomó como suyo el proyecto elaborado por Manuel Ferreira, el ministro de Hacienda de Federico Franco.
Por ello, se entiende que la postura con relación a este tributo no varíe.
Ahora, lo que llama la atención es que para contrarrestar el acuerdo logrado con el Frente Guasu, el Ministerio de Hacienda señale que se puede modificar el Iragro para que el tributo deje más ingresos.
De acuerdo con la nueva propuesta, se pretende equiparar al régimen del Iracis. Además, se plantea la implementación de una tasa especial del 5% sobre el reparto de utilidades, establecer una tasa del 15% sobre las remesas que realizan al exterior, limitar la deducibilidad y eliminar el arrastre de pérdidas fiscales (Diario Última Hora, pág. 11, fechado 22 de junio).
Si hay posibilidades de que el sector pagué más, ¿por qué el Poder Ejecutivo espera que se trate en el Congreso un proyecto para crear un impuesto a la exportación de granos de soja para plantear alternativas?
¿Está pagando menos el sector sojero con la connivencia del Estado?
¿Por qué se busca castigar a los más pobres elevando la tasa del IVA agropecuario del 5% al 10% y no que quienes más tienen más tributen?
Mientras el desempleo crece, es justo que quienes dirigen el país empiecen a buscar fórmulas para que contribuyan los más ricos.
