Dentro de unas semanas más, el Consejo de la Magistratura deberá conformar una terna de tres candidatos de la cual el Congreso deberá nominar a uno de ellos para que ocupe el cargo de fiscal general del Estado, con el aval del Ejecutivo. Más de 50 candidatos ya se presentaron en audiencias públicas –aún faltan otros– y expusieron los motivos que los llevan a querer dirigir la Fiscalía. Hay que decir que entre ellos hay profesionales que demostraron poseer ética e inteligencia, quizás las cualidades más importantes para el cargo.
Las exposiciones se desarrollaron con el mismo tenor en su mayoría, descontando algunas excepciones. Las promesas de transparencia, de independencia y de ferocidad en la persecución a corruptos y criminales. Con ciertas variaciones, algunos más críticos que otros hacia el actual manejo de la Fiscalía, los discursos que nos ofrecieron estas cuatro semanas de audiencias públicas no huyeron demasiado de los lugares comunes.
Muy poco y de manera superficial se habló de ciertos males endémicos del sistema judicial penal, del cual la Fiscalía es una pieza esencial. Entre ellos, la encarcelación masiva que en los últimos siete años motivó la duplicación de la población penal. ¿Qué política pública real de seguridad puede funcionar bajo la sombra del hacinamiento criminal en las penitenciarías?
Alguien tiene que frenar y colocar este tema en la agenda nacional, bien podría hacerlo nuestro nuevo fiscal general.
Un concepto muy mencionado por todos los concursantes fue el de independencia frente a políticos y ahí cabe preguntarse, ¿se creen sus palabras? Algunos postulantes por lo menos fueron sinceros al advertir que no serían ternados por no contar con padrinos en el Parlamento.
El Consejo de la Magistratura es un órgano político, integrado por políticos y hoy por hoy con mayoría colorada. En la última terna conformada por el Consejo para el cargo de ministro de Corte, todos los ternados eran colorados. Coincidencias que le dicen.
El año pasado un grupo de abogados, fiscales, defensores públicos y asistentes fiscales se organizaron en pos de una reforma constitucional para cambiar, entre otras cosas, la conformación y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Muchos de ellos, que por cierto ahora son candidatos a fiscal general, advertían que los operadores de Justicia nunca serán independientes hasta tanto eso cambie.
Hoy por hoy, una de las condicionantes más importantes en el proceso de selección no parece ser la honorabilidad ni la vida académica de los candidatos, sino la interna colorada entre oficialistas y disidentes, y los efectos que podría tener en el seno del Consejo.
La verdad es que así como están las cosas, es muy difícil pensar que el próximo fiscal general del Estado podrá hacer siquiera una hendidura a las bases que sostienen la impunidad, la morosidad, la desigualdad y la corrupción en nuestra Justicia.