EFE
“Manifestar que la única forma de resolver los graves problemas que aquejan al país es devolver el poder al pueblo de Venezuela y, por lo tanto, convocar a la celebración de elecciones libres y plurales”, señala el acuerdo aprobado con el voto de los 106 parlamentarios opositores.
La mayoría de la Cámara considera que el desempeño de Maduro está al margen de las funciones constitucionales de la presidencia y lo responsabilizan por la “grave ruptura del orden constitucional”, por violación de derechos humanos y por la “devastación de las bases económicas y sociales” de la nación.
Según la Constitución de Venezuela, una falta absoluta del presidente sería su muerte o renuncia, la destitución decretada por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), su incapacidad física o mental, la revocación popular de su mandato y “el abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional”.
Ante la falta absoluta del presidente, la Carta Magna obliga a celebrar elecciones universales, directas y secretas.
La Constitución también establece que el presidente “es responsable de sus actos y del cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo” y que “está obligado a procurar la garantía de los derechos y libertades de los venezolanos y venezolanas”.
El abandono de cargo se decretaría por el incumplimiento de obligaciones por parte del presidente.
Entre las razones que expuso la mayoría opositora en la AN para declarar el abandono de cargo, se afirmó que Maduro ha abandonado las funciones “inherentes” a la presidencia al no “cumplir y hacer cumplir” el ordenamiento constitucional.
Una de ellas sería que, según la Cámara, Maduro “ha propugnado y consumado la supresión de la separación de poderes” en el país caribeño, “mediante su respaldo a la ocupación partidista del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral”.
Por ende, el Parlamento responsabiliza a Maduro por el “golpe de Estado” que, a su juicio, “indujo a la suspensión de la recolección de manifestaciones de voluntad necesarias para la iniciativa constitucional del referendo revocatorio presidencial”, impulsado por la oposición, y al “diferimiento” de las elecciones regionales que debieron celebrarse en 2016.
El Legislativo considera que Maduro ha sido “negligente” en la reclamación del territorio Esequibo fronterizo con Guyana (este) y que no ha logrado una solución pacífica al conflicto.
También lo acusan de ser corresponsable en que no haya cesado “la persecución política” y que, por el contrario, esta “se ha incrementado”.
La utilización de la figura constitucional de abandono de cargo por parte de la AN ha sido cuestionada por algunos partidos opositores y grupos de la sociedad civil como el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) que la considera “una interpretación forzada” de la Carta Magna.
Previo a la discusión por el supuesto abandono de cargo de Maduro, el Parlamento votó también hoy a favor de desincorporar a los tres diputados cuya investidura fue impugnada por el Supremo y por la que este había declarado nulos todos los actos legislativos.
