El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) pagó aproximadamente G. 25.000 millones a dos consorcios que debían ejecutar las obras de limpieza del canal del río Pilcomayo. Pese a ello, el agua no ingresó al país, lo que actualmente es una catástrofe para los pobladores de la zona y el ecosistema que dependen del canal hídrico.
Del monto mencionado, el consorcio integrado por Talavera & Ortellado Construcciones (Tocsa) y Vial Sur, cobró G. 15.000 millones y el Consorcio Margariño otros G. 10.000 millones. Los datos se desprenden del informe de la auditoría que ordenó realizar el ministro Ramón Jiménez Gaona, ante la falta de resultados de la Comisión Pilcomayo.
Lea más: Cocodrilos y peces mueren en el lodazal del Pilcomayo
La intervención derivó en la destitución del ingeniero Daniel Garay Palacios, y en su reemplazo asumió el lunes pasado el ingeniero Óscar Alberto Salazar Yaryes, que tiene el desafío de reingresar del agua en la crecida de noviembre.
De acuerdo a la auditoría, las empresas no excavaron la profundidad necesaria en la embocadura para el ingreso del vital líquido. Al mismo tiempo, llamativamente adelantaron considerablemente los trabajos respecto al cronograma de ejecución, justamente para acelerar los cobros por los avances “acelerados” que certificaron.
Hay dudas de que hayan cumplido con las exigencias de la licitación del MOPC, ya que los pagos se realizaron no conformes a las técnicas de medición y fiscalización de obras, como lo exige el pliego de bases y condiciones del llamado para el mantenimiento del río. Es decir que pagaron a la contratista sin verificar los trabajos que realizaron.
Es más, los consorcios Tocsa y Vial Sur debían montar su propio campamento para ejecutar la limpieza del canal, para lo cual cobró un monto en el anticipo. Sin embargo, se instalaron en los predios de la Comisión Pilcomayo, utilizando la infraestructura del propio MOPC.
Varias interrogantes deben responder a la Fiscalía el ex director de la mencionada comisión, Daniel Garay Palacios, que no fiscalizó adecuadamente los trabajos, según el informe técnico.
“Si se hacían los trabajos correctamente, hoy no tendríamos los problemas que tenemos. Tal vez recién en agosto o setiembre estaríamos con estos problemas, con un daño menor”, expresó Ricardo Rodríguez, uno de los auditores de la Administración de Garay.
Nuevos estudios. Óscar Salazar Yaryes, nuevo director de la Comisión Pilcomayo, expresó su preocupación por la situación actual del brazo paraguayo del cauce hídrico y aseguró que el paso inicial para encontrar una solución al problema sería un buen estudio topográfico, a fin de optimizar los trabajos en base a un plan ajustado a las necesidades. Puntualizó que los trabajos topográficos serían más efectivos recurriendo a un avión scanner que solicitarán a la UNA, una metodología aérea con medición mediante láser y puntos fijos en el suelo, para minimizar errores. Dijo además que es lamentable la mortandad de animales en la zona. La riada está en su punto más bajo después de 1998 (ver infografía)
