El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) desoyó la recomendación de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) que, vía resolución, pidió suspender el proceso de la fiscalización del proyecto de duplicación de las rutas 2 y 7, luego de que la adjudicación fuese impugnada.
Empero, Obras Públicas firmó ayer el contrato con el Consorcio C y D-ELC, integrado por la firma chilena Cruz y Dávila Ingenieros Consultores LTDA y Electroconsult del Paraguay, por USD 8,5 millones, que es el monto de la cuestionada adjudicación.
Con esta vertiginosa operación, la cartera pretende iniciar a toda costa las obras de duplicación de las rutas 2 y 7, que se adjudicó a través de la Ley de Alianza Público-Privada (APP) al consorcio liderado por la española Sacyr. Específicamente, buscan arrancar en la brevedad posible el recapado y mejoramiento del tramo 0, desde el km 13 en San Lorenzo hasta Ypacaraí.
Recordemos que la adjudicación de la polémica fiscalización fue impugnada por el Consorcio Vial Este, integrado por la Consultora Guaraní y GMI, y busca anular el proceso por “groseras irregularidades” detectadas.
VERSIÓN DEL MOPC. Obras Públicas resaltó que “la decisión (de la firma del contrato) es para precautelar los intereses del país, ya que las obras de duplicación no pueden demorar más tiempo de lo estipulado en el contrato, porque eso representará un desbalanceo económico importante que podrá reclamar la empresa contratista al Estado paraguayo”, respondió el departamento de prensa de la cartera a la consulta de este medio.
Por otro lado, minimizaron la recomendación de suspensión de la DNCP. “Teniendo en cuenta que la resolución de la DNCP es solo una recomendación y no es obligatoria, el MOPC, en uso de sus facultades, decidió seguir con el proceso”, alegó.
Continuó: “De haber algún revés en la misma (en la adjudicación), procederá a pagar a la fiscalizadora el monto de los trabajos efectuados, hasta ese momento, y adjudicará a otra empresa, en el marco de esa misma licitación o, en todo caso, a una persona designada para el efecto, así como establece el contrato. Por lo tanto, se descarta la posibilidad de hacer otro llamado para la fiscalización de estas obras”.
Mientras tanto, el MOPC tiene tiempo hasta el lunes para informar a la DNCP sobre las acciones tomadas.
Vale señalar que no es la primera vez que la cartera desoye a una institución de vital importancia para la transparencia. En el caso de la APP del aeropuerto, no cumplió la recomendación de cancelar el proceso hecha por la Contraloría. Incluso llevó el caso ante el Tribunal de Cuentas, donde debe definirse el destino de la terminal aérea, que también quiere darse a Sacyr.
PROCESO. La convocatoria para la fiscalización de la APP de las rutas 2 y 7 se lanzó en enero del 2016 y la apertura de las ofertas se realizó el 14 de julio del mismo año, cuando se presentaron nueve oferentes. Sin embargo, solo tres siguieron en carrera después de la evaluación técnica, en medio de una lluvia de protestas.
Finalmente, el 6 de setiembre pasado se dio a conocer que el proyecto se adjudicó a Cruz y Dávila y Electroconsult. Sugestivamente, la ingeniera Claudia Centurión, titular de la Dirección de Proyectos Estratégicos (Dipe) del MOPC –dependencia que justamente maneja esta APP–, trabajó en la firma chilena Cruz y Dávila antes de ser funcionaria.
Contrataciones también investiga a otros oferentes
Actualmente, Contrataciones Públicas también se encuentra investigando a los otros dos oferentes que seguían en carrera. Por ejemplo, el consorcio Typsa-Caem fue contratado por el consorcio liderado por Sacyr –contratista de la APP– para la elaboración del diseño final de las rutas 2 y 7, por lo que no podía participar del llamado para la fiscalización. Sin embargo, pasó todos los filtros de Obras Públicas y fue preseleccionado. También está en falta Concremat y Asociados, que, según una denuncia presentada a la DNCP, presentó como experiencia un contrato que nunca tuvo en Brasil; es decir, habría mentido, pero su oferta fue igualmente validada por Obras Públicas.
Otro hecho llamativo es que el MOPC tuvo que reevaluar la licitación. En la primera evaluación técnica de las ofertas ubicó a Cruz y Dávila y Electroconsult en el primer lugar, y en la segunda evaluación en el tercer lugar, pero igualmente fue adjudicada. La duplicación de ambas rutas costará USD 520 millones, que es la oferta que presentó el consorcio liderado por Sacyr.