Los dos casos más publicitados del año suman un monto equivalente a un tercio de la deuda externa o de los ingresos tributarios. Es decir, no es una cifra que podríamos considerar menor teniendo en cuenta el tamaño de nuestra economía.
Es lamentable que existiendo instituciones con competencia para proteger los intereses nacionales, como el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Industria y Comercio, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), el Poder Judicial y el Poder Legislativo, el país no cuente con normativas e instituciones modernas y adecuadas a los desafíos que impone la globalización.
El lavado de dólares tiene fuertes implicancias económicas y políticas. Por un lado, es el resultado de actividades generalmente ilícitas, que involucran pérdida de ingresos tributarios, economía informal, competencia desleal, entre otros problemas. Por otro lado, implica corrupción tanto en el sector privado como en el sector público.
En cualquiera de los casos, el lavado de capitales y todo lo que ello trae aparejado resquebraja los cimientos éticos y morales de una Nación, e impide la construcción de un modelo económico que se traduzca en desarrollo y bienestar.
Luego del escándalo suscitado por el nuevo caso vuelven a surgir desde el propio sector público propuestas de leyes a las apuradas, como actualmente es el caso del anteproyecto para modificar la constitución de las sociedades anónimas. Esta ley, junto con la de bancos, puede ayudar a enfrentar el problema. Sin embargo se requiere más que eso.
Paraguay es el país de las buenas normas. Lejos está el cumplimiento de las mismas por parte del sector privado y, más lejos todavía, la responsabilidad de las autoridades públicas para enfrentar el problema con efectividad.
El caso que ya se encuentra en el Poder Judicial –Forex– revela la importante maquinaria delictiva en el que confluyen “empresarios” que crean empresas fantasmas, bancos que transfieren fondos, sector público que no es capaz de cruzar información y detectar la existencia de empresas y de operaciones de dudosa legalidad.
En este problema se unen la delincuencia organizada y la negligencia del sector financiero y del sector público. Aunque se aprueben leyes dirigidas a regular la actividad privada, como la Ley de Bancos y la de Sociedades Anónimas, si las conductas negligentes no son duramente penalizadas y no existan mecanismos fuertes de control y fiscalización, el lavado no solo continuará sino que se corre el riesgo de que aumente.
Las autoridades deben diseñar las normas e instituciones necesarias para enfrentar este problema de manera estructural.
