Un no rotundo al pedido de expropiación de las tierras de la colonia Guahory, del distrito de Tembiaporá, Caaguazú, lanzó ayer el titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas. Con esto se cierran las puertas a una de las alternativas que barajaban los labriegos organizados que acampan en la zona, en espera de que el Gobierno solucione la problemática del lugar. Mujeres, niños y ancianos, junto a las cabezas de familia, ya advirtieron que ante la acuciante situación social van a resistir y no descartan volver a ocupar los predios.
El conflicto, que ya viene de hace tiempo pero que se destapó en setiembre de este año, tiene para rato, ya que el titular del ente agrario dijo que las alternativas que pusieron en la mesa de negociaciones los campesinos no serán aceptadas. A cambio, ofreció la reubicación, que de plano los campesinos y sus dirigentes rechazan.
Las tierras en cuestión que ayer en conferencia de prensa Cárdenas y su equipo adelantaron que están barajando adquirir son las pertenecientes a Juan Altieri. Tienen un total de 1.445 hectáreas y están ubicadas en la localidad de San Joaquín, de Caaguazú. Las otras, y las que para el Indert reúnen las condiciones, son las que pertenecen a España Informática y cuentan con 1.550 hectáreas. Se ubica en el distrito de Yhú, a unos 46,8 km de Guahory, donde se asientan 200 familias. Cárdenas dijo que el MOPC debe examinar las propiedades y tasarlas. Adelantó que el Indert tiene el dinero para comprarlas, pero se reservó el valor de las mismas.
Este ofrecimiento los labriegos ya se negaron a aceptar en la última plenaria que realizaron el sábado, ya que manejan como primera opción la expropiación. Se basan en que los lotes hoy en litigio fueron destinados en forma ilegal a personas que no califican para la reforma agraria.
Pero Cárdenas manifestó que tampoco la nulidad de título está dentro de lo que vaya a hacer el Indert para solucionar el conflicto. “Los títulos que fueron concedidos a los brasileños fueron concedidos bajo otro estatuto. A partir de 2002 se establece que la nacionalidad para acceder al beneficio de la tierra deberá ser paraguaya natural”. Al decir esto, señaló que los problemas que se suscitan con los títulos entre las partes es cuestión “de corrupción de particulares”. Añadió que si hay una situación de urgencia de la tierra, los labriegos mal podrían pedir juicios que pueden terminar en diez o quince años.
De este modo se prevé un panorama sombrío para las 200 familias campesinas desalojadas, pues el Indert cada vez está más lejos de hallar una solución con los labriegos, y les ofrece una salida que no les interesa. Los campesinos solo manejan la posibilidad de arreglo si se hace la expropiación, la nulidad de títulos y la reversión de todo lo actuado. Cárdenas sostuvo que, de todas formas, buscarán dialogar.
situación. Mientras todo esto sucede, las familias que fueron desalojadas están bajo carpas, en predios de escuelas y capillas dentro de la colonia. Otro grupo se encuentra desde hace más de un mes acampando en la capital del país.
Una comisión del Senado investiga el aparatoso desalojo de setiembre, donde se echaron indiscriminadamente casas y se robaron objetos personales de los campesinos. En el procedimiento hubo tufo a pago de coima a la policía por parte de los brasileños.
