Días pasados, el presidente Horacio Cartes ratificó la postura del Gobierno nacional “a favor de la defensa de la familia y la vida”, con relación al pedido de la Cámara de Diputados para que el Poder Ejecutivo se pronuncie y establezca reservas sobre un documento de la Organización de Estados Americanos (OEA), referente a política de género, diversidad y derechos humanos. Según los parlamentarios, dicho documento y sus resoluciones conexas atentan no solo contra estos valores de la humanidad, sino también contra la propia Constitución Nacional.
En un contexto regional y mundial en que la vida del ser humano, sobre todo del más inocente, en el seno materno, está considerada “sin valor” por las legislaciones de muchas naciones, una postura como la de nuestro país es plausible y altamente positiva.
Con ella, Paraguay no solo afirma su independencia frente a la presión política y económica de organismos como la OEA y la ONU, sino también –y sobre todo– manifiesta una postura razonable, justa y valiente ante un derecho tan básico e inviolable del ser humano, que es el de nacer. Nuestro país reconoce la dignidad del niño por nacer y eso es esperanzador en una coyuntura como la actual.
Y la postura del Ejecutivo es importante en un país en el que organizaciones como Amnistía Internacional, entre otras, apoyan el asesinato de niños en el vientre materno, discriminando sin pudor a estos seres humanos en crecimiento, argumentando que su destrucción es un derecho de las mujeres y una reivindicación a la libertad de ellas, sin mencionar las secuelas físicas y síquicas que ocasionan, y las muertes que provocan.
Está claro que en Paraguay hay muchos problemas relacionados con la vida y la familia, y que necesitan ser atendidos o recuperados, como el acceso a la tierra, la seguridad alimentaria, las fuentes de empleo, la protección de la madre lactante, entre otros tantos; pero ninguno de ellos debería excluir o desmerecer la posibilidad de proteger la existencia humana desde la concepción en toda instancia posible.
Y aquí no se trata de una “postura católica” como erróneamente publicaron ciertos medios de prensa, ni tampoco de ser “cartistas” o defender al Gobierno. La cuestión es simplemente respetar y valorar toda iniciativa que implique la defensa de un inocente, hoy amenazado por intereses ideológicos y financieros, sustentos de una destructiva y peligrosa cultura del relativismo, en donde el valor de la persona y su dignidad terminan sujeto al gusto, las ganas del momento o la legislación impuesta por una mayoría.
