Las autoridades deben analizar la política salarial actual con el objetivo de que, a la vez que permita sostener condiciones de vida digna, esté vinculada a la productividad. Paralelamente, deberían considerar la pertinencia de indexar los costos públicos en función de los aumentos salariales.
No cabe duda de la relevancia que tiene la existencia del salario mínimo en la institucionalidad económica. Constituye una de las principales medidas con que cuenta el trabajador para asegurar un piso de protección frente a conductas monopólicas de los empleadores. Sin embargo, adicionalmente a la necesidad de incrementarlo a medida que aumenta el nivel de inflación, también es necesario indexarlo a los aumentos de productividad. Para eso es central que el Estado invierta en mejorar las condiciones en las que trabajadores y empleadores realizan sus actividades. De esta manera el salario mínimo, en lugar de convertirse en un techo, cumple el rol de piso y se reduce el riesgo de aumento del índice de precios.
Por otro lado, es importante analizar el impacto sobre el presupuesto público. Si el sector público equipara los salarios al mínimo se verificará un aumento futuro, al igual que por la actualización de otros gastos como el de la pensión alimentaria de las personas adultas mayores, cuyo monto se establece como el 25% del salario mínimo. Por el lado contrario, el presupuesto incluye ingresos que son fijados en términos de jornales mínimos como algunas tasas y multas.
Estos son solo algunos ejemplos acerca de cómo los cambios en el salario mínimo, aunque esté concebido para el sector privado, tiene un alto impacto en el sector público a través del Presupuesto General de la Nación. Como se puede ver, una política de salario mínimo tiene grandes complejidades que van mucho más allá de su actualización en función del aumento de los precios. Por lo tanto, el Gobierno debe tomar en consideración estas aristas y actuar en consecuencia.
En primer lugar, el Estado, además de garantizar el mantenimiento del valor real de los salarios debe impulsar las medidas necesarias para ampliar la cobertura y lograr que todos los trabajadores en relación de dependencia se formalicen y disfruten este derecho fundamental. En segundo lugar, debemos avanzar hacia un salario mínimo vinculado a la productividad. Ello requiere cambios en el diseño actual de la política salarial y la implementación de políticas que contribuyan al aumento de la productividad. En tercer lugar, se debe analizar el efecto sobre el presupuesto público y establecer las medidas que más convengan en términos de eficacia del principal instrumento de política fiscal y de derechos de la ciudadanía.
