En un comunicado, el Gobierno recordó que el acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre del año pasado recoge claramente que para poder tener acceso a esos beneficios los guerrilleros deben dejar las armas.
“Claramente, quien no participe del proceso de dejación de armas en los términos establecidos en el acuerdo final, es decir, que hace entrega de sus armas a las Naciones Unidas (...) no podrá tener acceso a los tratamientos penales especiales previstos en el Sistema”, reza el comunicado.
El Bloque Sur de las FARC entró en combate el pasado 10 de enero con un grupo disidente, liderado por alias “Alexander Mojoso”, del que los mandos guerrilleros afirman no comparte “la actual política de paz llevada a cabo entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC”.
Durante el enfrentamiento hubo un muerto del comando de “Mojoso”, precisó la guerrilla, que aprovechó además para denunciar que este disidente se está dedicando a reunir campesinos en el departamento de Caquetá (sur) para desprestigiar el proceso de paz, y obligarlos, bajo amenaza, a que le brinden apoyo incondicional.
El pasado 13 de diciembre, el Estado Mayor (mando) de las FARC separó a cinco de sus mandos por apartarse de los lineamientos político-militares trazados por esa organización, que en la actualidad se está desplazando hacía las zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN), en las que se reunirán los guerrilleros como paso previo a su dejación de armas y desmovilización.
Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, ha asegurado que “aunque las disidencias no son masivas, sí son peligrosas”.
En este sentido, el Gobierno recordó en su comunicado de hoy que para participar en el proceso de dejación de armas y tránsito a la legalidad se debe “acreditar la pertenencia a la organización de conformidad con el procedimiento establecido en el acuerdo y en la ley para la entrega de listados por parte de las FARC”.
Por ello, destacó que las disidencias no cumplen ninguna de las condiciones y por tanto no pueden acceder a los tratamientos penales especiales.
“Es decir, quien se salga del proceso de paz, perderá todos los beneficios y será investigado por la jurisdicción ordinaria”, subrayó el Ejecutivo.
Asimismo, indicaron que cualquier delito que cometan los miembros de las FARC después del 1 de diciembre del 2016, salvo los estrechamente ligados con el proceso de dejación de armas, “no podrán ser objeto de ningún tratamiento penal especial”.
