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Revista Vida
jueves 6 de octubre de 2016, 16:01

"El Estado no cuida a sus ciudadanos"

Pasaron 27 años de la caída de la dictadura. El país debería estar avanzando en relación a la protección de los ciudadanos. Sin embargo, de tanto en tanto aparecen sombras del pasado. El abogado especializado en Derechos Humanos, Hugo Valiente, nos aclara el panorama.

Por Natalia Ferreira Barbosa / Foto: Fernando Franceschelli.

—¿Qué implica en materia de Derechos Humanos que se haya planteado la posibilidad de que la Policía pueda detener a las personas sin orden judicial?
—Siempre son preocupantes los retrocesos que se plantean en el país, sobre todo en lo que se relaciona a las leyes penales y a las facultades que se le da al Poder Judicial, a la Fiscalía o a la Policía. Lo que hay que hacer a nivel de las leyes es reglamentar detalladamente qué es lo que se va a entender por flagrancia. Es preocupante que se dé carta blanca al definir muy vagamente eso o en qué situación puede intervenir la Policía sin necesidad de orden judicial u orden de detención de un fiscal. Abrimos una puerta a través de la cual la arbitrariedad se va a colar. Las leyes tienen que limitar el ejercicio el poder, porque siempre hay una tendencia hacia el abuso y la extralimitación. En el caso del Estado, este poder es particularmente preocupante cuando hablamos de hacer uso de las armas de fuego que se les da a un determinado estamento de funcionarios públicos o hacer el uso de la fuerza en general.

—¿Qué leyes aprobadas recientemente implican un retroceso en los derechos?
—Hay una ley recientemente aprobada que tiene que ver con la duración del procedimiento penal. Todo proceso penal, a través del cual se te acusa de haber cometido un delito y te lleva a los tribunales para juzgarte, tiene que tener un plazo razonable de duración, porque el Estado no te puede tener indefinidamente en una situación de acusado o procesado sin definir si sos inocente o culpable. En el Código Procesal Penal se definía un plazo de tres años, aunque a ese artículo se lo fue flexibilizando a través del tiempo. Recientemente se sancionó una ley que extiende nuevamente el plazo máximo de proceso penal y se introducen cuestiones que flexibilizan, hasta el punto que una persona puede estar procesada por 10 o 15 años sin que llegue un juicio. También hay muchos proyectos de ley en estudio en las Cámaras, que plantean cosas completamente descabelladas.

—¿Cuáles, por ejemplo?
—Hay una propuesta que plantea disminuir la edad de responsabilidad penal de 14 a 12 años. Estamos hablando de meter a la cárcel a chicos de 12 años por hurto o pequeños delitos en una edad en que la persona no tiene ninguna madurez para hacerse penalmente responsable. Eso como gran solución al problema de inseguridad que se vive. La existencia de ese tipo de proyectos refleja una mentalidad extremadamente autoritaria y además agrava las condiciones de violencia estatal sobre sectores de la sociedad que están ya violentados por su exclusión económica. También está en curso una reforma del Código de Procedimientos Penales, que tiene cosas interesantes así como peligrosas. Por ejemplo, está el caso de un procedimiento especial de carácter penal que se plantea incorporar para casos de flagrancia, que implica que si sos sorprendido cometiendo un delito, tenés un juicio exprés. Supondría que en tres meses estés lavado, planchado y condenado sin haber tenido posibilidad efectiva de ejercer tu defensa dentro del proceso penal. ¿Quién define que a vos se te sorprendió o no en flagrancia? La Policía.

—¿El acceso a los derechos está ligado a la condición social?
—Absolutamente. Así también, la propia existencia de servicios públicos que garanticen derechos como el acceso a salud, educación, justicia y un sistema penitenciario decente –donde funcione medianamente una política de rehabilitación social y no los infiernos que tenemos ahora– están muy vinculados al sistema tributario del país. La injustica tributaria está fuertemente vinculada a la desigualdad o a la carencia de servicios básicos que garantizan los derechos.


—¿De qué manera el Estado legitima la violación de los Derechos Humanos?
—Nuestro sistema de Justicia cuenta con déficits muy graves en materia de imparcialidad y eficacia. Gran parte de los problemas de Derechos Humanos que tenemos en Paraguay pasan por el Poder Judicial, ya sea por acción u omisión. En el primer caso, hace cosas abusivas sin respetar los límites de legalidad. En el segundo, no hace lo que debería, como perseguir y sancionar a los poderosos cuando cometen hechos punibles, situaciones que quedan en la impunidad mayormente. La validez de la democracia queda en entredicho si un Estado carece de un Poder Judicial capaz de hacer cumplir la ley de manera igualitaria.

—¿Cómo se encuentra el país en materia de protección de los DD.HH.?
—Está rezagado, como en casi todo. Paraguay es el único país del Mercosur que no tiene una ley contra toda forma de discriminación ni políticas antidiscriminatorias. Igualmente, sufre un retraso bastante importante en relación a las políticas de lucha contra la impunidad por crímenes ocurridos en el pasado dictatorial. Son muy pocos los casos que fueron esclarecidos y juzgados. La mayoría de los victimarios quedaron impunes, fallecieron en libertad o se impusieron penas no correlativas con la gravedad de los crímenes cometidos.

—Aparte de la exclusión, ¿puede parecer que estas propuestas les resulten demasiado radicales al Estado?
—Totalmente. Hay una mentalidad dentro de la burocracia estatal que es sumamente refractaria a tener ese enfoque de derechos, que considera al ciudadano como alguien a ser protegido en todo sentido, social y judicialmente. El Estado paraguayo no cuida a sus ciudadanos, cuando esa es su función esencial.

—Dentro de esta realidad, ¿se puede hablar de avances?
—Pese al balance negativo que sale en Derechos Humanos, hay dos cosas que se están haciendo bien: el trabajo del doctor Rogelio Goiburú, con sus limitaciones, su proceso de búsqueda y localización de detenidos desaparecidos durante la dictadura de Stroessner; y lo otro es el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, uno de los primeros que se originan en la región, y en ese sentido el Estado paraguayo está cumpliendo con sus deberes.

—Con un Estado al que no le interesa proteger a sus ciudadanos, ¿qué nos espera?
—El gran desafío es seguir construyendo ciudadanía, y eso no solamente se hace desde el Estado, sino desde todos los niveles, ya sea mediante la organización, el ejercicio individual del oficio de reclamar y defender derechos, en nuestras relaciones interpersonales o en nuestros lugares de trabajo. Las personas que gozamos del privilegio de defender derechos en este país, tenemos la responsabilidad de seguir construyendo ciudadanía y generando esta tensión permanente que se establece alrededor de los derechos entre el Estado y los ciudadanos. Hay un despertar de ciudadanía importante que se da con explosiones como la de UNA No Te Calles o movilizaciones estudiantiles. Los derechos no son concesiones graciosas, no vienen con generación espontánea ni caen de arriba, se conquistan y muchas veces son el resultado de luchas muy duras, de años de pelea. La sociedad paraguaya y sus nuevas generaciones nos dan una luz de esperanza.

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La ley Pastor Coronel
Con este nombre empezó a conocerse hace unas semanas el proyecto de ley que modifica la Carta Orgánica de la Policía Nacional, que tras pasar por Diputados sufrió un cambio especialmente peligroso: le confiere a la Policía Nacional la facultad de aprehender a las personas cuando existan suficientes indicios de su participación en un hecho punible, sin una orden judicial o fiscal. Una modificación que el Senado rechazó, por lo que el proyecto será estudiado otra vez en la Cámara Baja.
Es este tipo de hechos lo que nos hace preguntarnos: ¿Y los Derechos Humanos?