Tras el último y horroroso ataque de la organización criminal que se hace llamar EPP conviene aclarar algunas cosas para poder ordenar el debate:
1) Esta organización criminal está en guerra con el modelo democrático. Para ellos no rigen la Constitución ni las leyes; no podemos esperar que respeten la vida ni la propiedad de nadie. Así, es absurdo que cada vez que perpetran una nueva atrocidad haya sectores escandalizados porque la crítica no se centra en condenar sus acciones y sí en determinar en qué fallaron las acciones del aparato público. No se gana una guerra (incluso una no convencional) condenando las acciones del enemigo, sino neutralizándolas.
2) Tras el último ataque, lo urgente es determinar por qué un grupo de soldados casi inexpertos circulaban por una de las zonas rojas del EPP en un camión sin protección, en plena luz del día, y cubriendo un itinerario previsible para los terroristas. Y una vez identificado quién ordenó o autorizó esa acción debe ser removido del cargo, al igual que sus superiores si la responsabilidad excede a la suya.
3) La responsabilidad del presidente es analizar si la estrategia de su administración para combatir al EPP está dando resultados y modificarla si no es así. Eso incluye cambiar a quienes la diseñaron.
4) Es fundamental determinar las responsabilidades de acuerdo con las atribuciones de cada uno. El ministro del Interior se ha convertido en catalizador de la furia ciudadana con la evidente intención de aligerar la carga política del presidente, pero es obvio que no es más que un simple vocero, sin responsabilidad en las decisiones que se toman. Ni siquiera está en la cadena de mando.
5) La oposición cumple su rol democrático, hacer oposición. Pedir detalles de cuánto se gasta y cómo se gasta, y pegar el grito al cielo y pedir cabezas cada vez que ocurre algo es lo que hace la oposición en cualquier país con democracia representativa. Así funciona el modelo, que no es perfecto, pero es el mejor que conocemos.
6) El oficialismo debería dejar de recurrir a estrategias tan infantiles para ganar tiempo, como reflotar fotografías viejas para atribuir a sus detractores vínculos con el EPP. Esto de que todo crítico es un potencial enemigo funcionaba muy bien en los años de la guerra fría, pero no en los tiempos de internet.
7) La oposición debería dejar de hablar de juicio político ante cualquier incidente. No es un juguete, no podemos recurrir a esa figura cada vez que le perdemos paciencia a un gobierno. Un juicio político es el último recurso cuando todas las demás herramientas institucionales y constitucionales han fallado. No es el caso.
Fue un error el juicio político a Lugo, y sería un disparate repetirlo con Cartes.
8) Victimizar al presidente confirmando desde el Gobierno un supuesto plan narco para asesinarlo, un plan publicado en exclusiva por un medio de su propia familia, no es una muy buena estrategia para desviar la atención, es apenas la constatación de que sus asesores políticos serían más útiles limpiando los baños del Palacio.
