Se levantó a las 5.30, como todos los días, durante los últimos 11 años. Se aseó, se peinó y lustró sus zapatos.
Desayunó lo que le pusieron en la mesa; recogió su mochila y salió de su casa rumbo al colegio, como todos los días de ese año. Al llegar al portón del centro educativo privado, le advierten que no puede pasar y que deberá volver a su casa. Si quiere regresar en una hora puede hacerlo, pero solo bajo una condición: Que retorne con el cinto de color negro puesto en el pantalón. Pese a que se preparó para ir a la institución, para recibir educación, le negaron la entrada por este “inconveniente”.
Toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente, dice el artículo 73 de la Constitución Nacional. Sin embargo, bajo la excusa de la “disciplina” o “responsabilidad”, directivos de colegios les niegan a sus estudiantes el ingreso al colegio por el solo hecho de no llevar el cinto, tener el zapato sin lustrar o los calzados deportivos que no son del color exigido. Esta situación se da hace años en nuestro país, pese a que la calidad de la educación está como está. Ubicada en los últimos lugares en cualquier ránking que se elabore.
Se da pese a que los estudiantes enviados de vuelta son excelentes personas y, posiblemente, muy buenos futuros profesionales. Se da pese a que muchos son adolescentes que pueden estar confundidos o llegar con algún problema a la escuela. No obstante, la respuesta sigue siendo cerrarle las puertas.
Una nota publicada por El País de España en el 2011, afirmaba –según expertos–, que el uso de uniformes jamás influirá en el nivel de aprendizaje de los alumnos.
Solo en zonas aisladas o de bajo poder adquisitivo el uniforme puede tener efectos positivos en la homogeneidad, pero no así en la mejora de la educación e incluso de la disciplina. A esto podemos agregar las denuncias en colegios privados donde supuestamente aislaban a los niños de participar de eventos artísticos y deportivos porque sus familias o tutores no estaban al día con las cuotas. Además, en noviembre el MEC recibió varios reclamos porque escolares quedaron al margen de exámenes importantes, siempre por la deuda de los adultos.
Estas discriminaciones se realizan pese a la existencia de una normativa que rige sobre el derecho a la educación de niños y adolescentes en instituciones de gestión privada.
En las escuelas públicas, se dieron avances con respecto a estas normas impuestas por sobre la calidad que debe tener la educación. El uso de uniforme es flexible en días de intenso frío, por ejemplo. Se dieron mejorías, hasta aquel fatídico 9 de mayo del 2016, cuando obligatoriedades se impusieron de vuelta.