El demandante alegó que dicho artículo, que señala que “el matrimonio es la unión legal de un hombre y una mujer, con el fin de establecer una plena y permanente comunidad de vida”, no se ajusta a la Constitución, ya que “priva a las personas homosexuales del derecho a formar una familia, contraviniendo el principio de igualdad”.
La Sala declaró improcedente la demanda, al considerar que “incurre en un error al no detallar la interpretación que le otorga a las disposiciones constitucionales donde supuestamente se establece la obligación de regular las relaciones homosexuales”.
Asimismo, consideró que la demanda del ciudadano “carece de argumentos suficientes y válidos para ser tenida en cuenta y proceder a su admisión”.
El partido de derecha salvadoreño Alianza Republicana Nacionalista (Arena) pidió al Congreso el pasado 15 de noviembre que ratifique una reforma constitucional que busca blindar la Carta Magna contra el matrimonio homosexual.
La diputada de Arena Mayteé Iraheta presentó al Congreso una solicitud de “estudio y ratificación” de las reformas a los artículos 32, 33 y 34 de la Constitución aprobadas con 47 de 84 votos en abril de 2015.
La reforma establece que “serán hábiles para contraer matrimonio” hombres y mujeres “así nacidos” y prohíbe la adopción de niños a parejas del mismo sexo.
También estipula que “los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados o reconocidos por las leyes de otros países, no surtirán efecto en El Salvador”, de acuerdo con un comunicado de Arena.
A la actual legislatura le corresponde ratificar la reforma con al menos 56 de 84 votos, de lo contrario, será desechada la iniciativa y para ver luz tendría que pasar por todo el proceso de reforma constitucional.
Por su parte, el abogado Hernán Durarte Iraheta presentó, a principio del mes pasado, una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia en la que solicitó anular determinados artículos del Código de Familia porque descriminan a la comunidad de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI).
El derecho al matrimonio “debe estar accesible a todas las personas, sin importar su orientación sexual”, reza el documento al que Efe tuvo acceso.
De acuerdo con Duarte Iraheta, son “cientos” de personas LGTBI que han sido asesinadas como “consecuencia de la pasividad del Estado” que ha permitido un “acto de discriminación perpetuo” al no “bloquear la puerta” al “odio irracional de la homofobia”.
