Por voto de 13 concejales, se hizo lugar al dictamen B, defendido por el edil Martín Arévalo, y el inmueble avaluado en USD 5 millones, identificado con Cuenta Corriente Catastral 15-842-02, pasa a manos del referido centro, al anunciarse que la institución municipal no hará uso de su derecho de preferencia para la adquisición del predio.
Esto fue cuestionado por el edil Sebastián Villarejo, quien indicó que de esta manera se antepone lo que establece la Ordenanza 33/95 de tierras municipales sobre lo que señala la Ley 403/73, que habla de la transferencia según los alcances de la Resolución 8571/73, de la corporación asuncena, sobre condiciones en las que se hace la cesión.
En ese sentido, menciona que los directivos de la referida entidad debían haber introducido mejoras en el lugar por valor de G. 12 millones y que hoy solo se ven dos tinglados en la extensa propiedad.
“Son solo dos tingladitos. Y se exigían mejoras, en ese entonces, por G. 12 millones. Ahora no pueden decir, porque hicieron un bañito, que existen mejoras. Tiene que estar acorde con el valor del mercado actual. Debería ser un Centro de Acción Social Universitaria; sin embargo, hoy no sabemos cuál es el espíritu real del mismo”, insistió Villarejo.
Resaltó seguidamente que “incumplieron todas las condiciones exigidas. Y aun cuando hayan cumplido, si se va a dar el beneficio de la transferencia gratuita, esto debe pasar por el Congreso para su aprobación. No es que tan alegremente se van a quedar con una propiedad tan valiosa como esa”.
PERJUICIO. Por su parte, el edil Carlos Arregui advirtió que esto podría ocasionar un millonario perjuicio al patrimonio municipal y agregó que también existen características muy claras de que podría configurar un hecho punible. “El Código Penal establece todo un catálogo de conductas para establecer cuáles son las condiciones en las que se puede perjudicar el patrimonio y este es uno de los casos”, dijo.
Indicó que estarán realizando un lobby para que la Intendencia vete la resolución de la Junta Municipal. “La ley prohíbe su venta, debería pasar de nuevo al dominio municipal”, puntualizó.
