Un poco más de G. 7.000 millones es lo que presupuestó el Congreso en el 2016 para indemnizar a los funcionarios que pidieron acogerse al beneficio del retiro voluntario. En total son 7, con cargos de directores y jefes, que están en la lista de espera, tras la salida del secretario del Senado Juan Vera, quien se llevó G. 1.003 millones.
Uno de los primeros casos polémicos del cual se tuvo conocimiento fue del ex secretario general Darío Garcete quien consiguió su retiro voluntario a pasos de su jubilación, llevándose un monto de G. 1.250 millones.
De acuerdo al reglamento interno del Senado, la designación para ambos cargos, el del secretario general y secretario, depende exclusivamente de una mayoría en el Senado. Garcete había sido reemplazado por Antonio Sánchez, electo entre varios otros candidatos, que ahora vuelven a aspirar el cargo del secretario saliente.
De acuerdo a las informaciones que se manejan, existiría un dictamen favorable por parte de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Cámara Alta para dar vía libre a los pedidos de retiro voluntario que están pendientes, algunos desde hace tiempo.
Entre los que solicitaron se encuentra el director general del Diario de Sesiones, Eduardo Gumercindo Mereles, quien era bastante allegado a Garcete. El salario del mismo asciende a G. 15.500.000, más gastos de representación de G. 3.927.900.
De acuerdo a la planilla del Senado a la que se puede acceder a la página web de la institución, Mereles ingresó en el año 1998, por lo que tiene una antigüedad de 28 años.
Otra funcionaria que también tiene cargo de directora general, pero de Digitalización Legislativa, Ana Ninfa Silva, también quiere irse del Congreso. Ostenta el mismo salario y gasto de representación que el director del Diario de Sesiones.
La directora de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), Justina Ramona Casco González, está entre las que pidió su salida. La misma estuvo a cargo durante mucho tiempo de todos los procedimientos de contrato que realizan el Senado y el Congreso.
Muchas veces estuvo en el ojo de la tormenta por polémicas contrataciones que tenían que ver con el servicio de limpieza, así como la adquisición de bocaditos, para los cuales la institución desembolsa millonarios montos.
El cuestionamiento que surge no solo en el Senado, sino en otras instituciones en los casos en que se conceden los retiros voluntarios, es por el hecho de que generalmente los que consiguen este beneficio vuelven a pelear por su jubilación y desangran al Estado.
