El parlamentario manifestó que todos sus correligionarios están de acuerdo con iniciar el proceso de juicio político a la titular del Ministerio Público, que recientemente logró el acuerdo de la Cámara de Senadores para su designación, pero solicitan que el partido se expida al respecto.
El dirigente liberal expresó que mientras las autoridades partidarias definen la postura oficial, pese a que fue el propio presidente del partido, Efraín Alegre, quien solicitó el enjuiciamiento, buscarán el apoyo de otros sectores para juntar las firmas para la presentación del libelo y su posterior tratamiento en el pleno.
CAUSALES. Los legisladores azules están trabajando aún sobre el borrador de la acusación por mal desempeño de funciones. El documento fue elaborado por el apoderado general del PLRA, Rubén Ocampo, a pedido de Alegre.
El borrador fue entregado el martes pasado a la bancada liberal y en una de las causales hace referencia a la frustración de la persecución penal en la muerte del capitán Enrique Piñánez. Sostienen que entre el fiscal Joel Cazal y Quiñónez llevaron la investigación a un punto muerto “en el que nada fue esclarecido, sino todo lo contrario, oscurecido”.
Piñánez falleció en el 2014 en una explosión en Cuero Fresco, Departamento de Concepción, en la zona de cobertura de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).
Citan como otra causal la ignorancia criminal supina de la Constitución y de las leyes. El documento expresa que Quiñónez prioriza el derecho de “oír” ilegalmente a las personas antes que garantizar su derecho a ser oídas. “Atropelló la Constitución y las leyes para espiar a disidentes y opositores”, señalan.
Otro punto es la frustración de la persecución en la muerte del periodista Pablo Medina. Proveyó una explicación inverosímil a la superficialidad de su investigación.
Asimismo, hablan del incumplimiento de su deber de velar por las garantías y derechos constitucionales y que su nombramiento como fiscala está lleno de irregularidades e incumplimientos.
CAUSALES PARA EL JUICIO POLÍTICO
Frustración de la persecución penal en la muerte del capitán Enrique Piñánez. Llevaron la investigación a un punto muerto en el que nada fue esclarecido, sino todo lo contrario, oscurecido.
Ignorancia criminal supina de la Constitución y de las leyes. Prioriza el derecho de “oír” ilegalmente a las personas, antes que garantizar su derecho a ser oídas. Atropelló la Constitución y las leyes para espiar a disidentes, opositores, campesinos, etc.
Frustración de la persecución en la muerte del periodista Pablo Medina. Proveyó una explicación inverosímil a la superficialidad de su investigación. Es un peligro para la democracia y no garantiza a la sociedad que velará por sus derechos.
Incumplimiento de su deber de velar por las garantías y derechos constitucionales. Su nombramiento es uno de los actos de corrupción más dramáticos de todos los tiempos, resultando de un rosario de incumplimientos e irregularidades.
