A través de la Dirección General de Derechos de Autor y Derechos Conexos, el abogado Ricardo Gavilán, director de Sociedades de Gestión Colectiva de la Dinapi, fue designado como el fiscalizador.
“Estamos enmarcados en el proceso de investigación. El plazo máximo para terminar la fiscalización es de 180 días corridos. Nos constituimos en APAc, junto a un equipo compuesto por abogados y contadores de la Dinapi”, indicó Gavilán, quien encabeza la mesa de trabajo que se instaló en APA en la víspera.
El equipo es completado por la abogada Fátima Argüello, los contadores públicos Jorge Rodríguez y Juan Ángel Cárdenas. Todos son funcionarios de la Dinapi, comisionados para el trabajo, quienes se encargarán de corroborar los documentos jurídicos, contables, económicos y administrativos de APA.
“Queremos profundizar sobre las observaciones de AYCA. Estaremos en APA de lunes a viernes, en horario de oficina, de 8.00 a 15.00”, señaló Gavilán. Tras culminar el trabajo, el directivo deberá evaluar si corresponde la realización de un sumario y elevará un informe del resultado al director general de derechos de autor y derechos conexos, Carlos González Ruffinelli.
Detalles. La investigación de la Dinapi tiene su origen en el informe de la auditoría externa practicada hace unos meses a APA, que fue ordenada por la institución estatal y cuyos resultados indicaban indicios de malos manejos en la entidad de gestión colectiva.
“Lo que vamos a hacer ahora es determinar si las observaciones de la auditoría se encuadran dentro de las infracciones administrativas que están previstas en la Ley de Derecho de Autor. Si es así, yo estaría recomendando la apertura de un sumario administrativo”, apuntó el titular de Sociedades de Gestión Colectiva.
Agregó que ya solicitaron documentaciones a APA y entregaron la resolución Nº 96 a la institución, por la cual se ordena la inspección y la fiscalización. “Los directivos de APA se mostraron receptivos, aprovechamos que el Directorio estaba sesionando, nos recibieron, manifestaron que las puertas están abiertas y que los documentos están disponibles para el proceso de investigación”, expresó Gavilán.
Igualmente, refirió que la Ley de Derecho de Autor establece una serie de sanciones que pueden ser aplicadas a las entidades de gestión colectiva en caso de detectarse irregularidades en sus gestiones, que van desde el apercibimiento por escrito hasta la cancelación de los registros para operar como sociedades de autores del Paraguay.