El escrito refiere que el único motivo de inhibición y recusación de los funcionarios del Ministerio Público se da cuando “aquellos procedimientos en los que intervenga o sea defensor su cónyuge, conviviente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o por adopción o en segundo grado de afinidad o sus amigos íntimos o enemigos manifiestos”.
De esta manera Centurión podrá continuar con las diligencias sobre supuestas firmas falsas a favor de la enmienda constitucional. Esto en caso de que el abogado Luis Rojas, que representa al ex intendente Roberto Cárdenas (investigado en la causa), no impugne el fallo de Díaz Verón ante la Corte Suprema. Mientras tanto el fiscal Alcides Corvalán seguirá llevando adelante el proceso.
Igualmente, en la contestación del recuso se expresa claramente que esta vía procesal no es hábil para separar de la causa al titular de la investigación alegando la violación de la objetividad, imparcialidad o independencia.
“Se advierte que el recusante construye su pretensión sobre la base de supuesta existencia de una enemistad manifiesta del agente fiscal interviniente contra las autoridades de la Asociación Nacional Republicana”, menciona el documento.
recusación. Rojas había recusado al fiscal el pasado 2 de febrero argumentando que el agente encargado de la investigación de las planillas pro enmienda es cónyuge de Carol Noemí Flores, candidata a delegada convencional en la Seccional Colorada Nº 277 en la ciudad de San Lorenzo, por el movimiento Añetete, liderado por el disidente Mario Abdo Benítez.
Asimismo, el 6 de febrero la defensa técnica de Cárdenas planteó la ampliación de la recusación contra el mismo fiscal, por supuesto interés directo en el caso investigado.
Por otra parte, el lunes 6 pasado Cárdenas tenía que declarar ante el fiscal Centurión, pero a través de la chicana decidió trabar dicha diligencia.
“El fiscal ha llamado a prestar declaración a mi defendido sin tan siquiera realizar un somero análisis del contenido de la carpeta fiscal, en un acto de suma irresponsabilidad”, expresó Rojas.
El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) detectó 69.000 firmas con irregularidades entre las 360.000 presentadas por la ANR en el marco de la campaña Que la gente decida.
