Sumando lo desembolsado a las diferentes empresas en ambas zonas, se llega a los USD 2,5 millones, es decir, G. 14.525.220.000.
Este es el monto total que se invirtió en el marco del mencionado programa en los dos departamentos en la mira de la Contraloría, durante los años 2014, 2015 y 2016.
La CGR dio a conocer las deficiencias en la aplicación del Pagro en Itapúa y San Pedro esta semana, en el informe final de la auditoría al ejercicio fiscal 2015 del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
De la lista de empresas, señala específicamente a ALK, Agroganadera del Sur y Jazmín Agropecuaria.
El equipo auditor de la CGR concluyó que no se realizaron las asistencias técnicas a los beneficiarios del Pagro, por G. 380.000.000, durante el año 2015.
Sanciones. El Pagro se aplica desde el 2011, gracias a un préstamo USD 31 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y USD 4 millones del presupuesto propio del MAG.
Pasó por varias administraciones, pero nunca cambió de sistema. Prescindiendo de la rigurosidad que supone licitar a través de la Dirección Nacional de Contrataciones, el ministerio contrató por resoluciones a las empresas.
Las mismas debían haber realizado trabajos de preparación de suelo y provisión de herramientas para los campesinos de varias zonas del país.
Según la Contraloría, esto no se cumplió totalmente en Itapúa y San Pedro en el año 2015. Un equipo de ÚH constató que lo mismo ocurrió en el Departamento de Paraguarí.
Sin embargo, el manual operativo del Pagro solo contempla como penalización, no pagar por lo que no se hizo. De las 43 intervenciones evaluadas este año por el MAG, 32 derivaron en sanciones a las empresas. Es decir, la gran mayoría –un 74%– de las firmas incumplieron el programa, o cometieron varias faltas en el proceso. Todo indica que se trata de un programa que benefició mayormente a las empresas, antes que a los campesinos.
Paraguarí. En el caso de Paraguarí, la empresa que mayor dinero recibió fue 24 de Junio, propiedad de Cándido Benítez Villalba, tío del diputado colorado Tomás Rivas, quien es esposo de la actual intendenta de Ybycuí, María del Carmen Benítez. El dueño de la empresa reconoció que el parlamentario operó para que Pagro llegue a su departamento.
Campesinos que figuran en las listas de beneficiados denunciaron que los trabajos se hicieron a medias y que las herramientas distribuidas en el marco del programa se repartieron en un acto político, días antes de las elecciones municipales, el año pasado. El acto fue encabezado por la entonces candidata a intendenta, quien pretende ser gobernadora en el 2018. Desde hace una semana intentamos comunicarnos con el parlamentario, pero sin éxito.
El actual ministro de Agricultura y Ganadería, Juan Carlos Baruja, prometió investigar las irregularidades y derivar a la Fiscalía, de ser necesario.
