Esto teniendo en cuenta a que la fiscala Raquel Fernández fue recusada por la defensa de la familia de Quintana.
El abogado querellante Guillermo Duarte Cacavelos explicó que la representante del Ministerio Público se rehusaba a indagar sobre el cruce de llamadas del 31 de marzo y madrugada del 1 de abril entre altas autoridades.
Incluso el letrado mencionó que la interviniente mantenía una conversación telefónica con el operador político y funcionario de la entidad Yacyretá, Luis Canillas.
“Hablaron en dos ocasiones, justo cuando se solicitaba que se investigue el cruce de llamadas que involucraba a Canillas, a la senadora Lilian Samaniego, el gerente de Tabesa, José Ortiz, entre otros”, señaló el profesional del derecho.
A la fecha solamente fue imputado el suboficial Gustavo Florentín, por homicidio doloso. Sin embargo el Ministerio Público nunca identificó a la persona que dio la orden para ingresar a la sede liberal de forma ilegal.