La denuncia fue presentada el 16 de diciembre del año pasado por el abogado Jimmy Alberto Páez Giret, quien la acusa de la desaparición de un expediente judicial.
En su denuncia, el profesional habla sobre el trámite realizado en el reconocimiento de un crédito de 300 millones de guaraníes.
Según la fiscala Nidia Fernández, que investigó el caso, el 23 de diciembre citó al denunciante para que aclarara su denuncia contra la entonces presidenta del Máximo Tribunal.
Explicó que en el 2013 había iniciado un juicio de rendición de cuentas, en el que condenaron a Mark Erikson a pagar la suma de G. 219.227.126, por resolución de la jueza civil María Angélica Calvo.
Sostuvo que a raíz del juicio remató un inmueble, pero que luego quisieron anular la adjudicación, por pedido de varios abogados, supuestamente uno de ellos, tío del fiscal general del Estado.
El abogado señala que el caso llegó a la Corte, y que en diciembre de ese año la fiscala María Estefanía González hizo retirar el expediente, lo que constó en el cuaderno de profesionales.
Apuntó Páez que denunció la sustracción del expediente, pero que nada se hizo supuestamente “por integrar una logia”.
La fiscala Fernández investigó la causa y determinó que no existía responsabilidad alguna de la ministra Alicia Pucheta de Correa, ni de los funcionarios judiciales.
Refirió que el retiro del expediente se dio dentro del marco de una investigación penal, por lo que incluso se dejó constancia por escrito, lo que se encuentra comprendido en las facultades de la fiscalía.
Con ello, pidió la desestimación del caso. El juez Delmás, en su fallo, señala que la fiscalía concluyó “que no existe la posibilidad de tipificar el hecho, dentro de tipo penal alguno”, con lo que desestimó la causa.
