Los afectados reclaman que ellos no tienen nada que ver en la pelea de los concejales y el gobernador electo Rodolfo Friedmann y de los demás ediles que cada uno o dos meses, desde marzo pasado, se declaran también jefes departamentales.
Los funcionarios exhortan al Poder Judicial, operadores de justicia y a la propia ministra de Hacienda, Lea Giménez, que proteja los derechos de los tratados y convenios internacionales, la Función Pública y concordante con el fin de restablecer la ilegítima decisión “que afecta la dignidad y el régimen de convivencia que debe imperar en un país republicano y democrático”.
Reclaman que desde Hacienda se lavaron las manos al resolver que inició, el mes pasado, el juicio de pago por consignación ante el Juzgado en lo Civil y Comercial del Décimo Noveno Turno, a cargo de la jueza Claudia Domínguez Florentín. La acción interpuesta tiene como objetivo dar supuestamente una solución definitiva al conflicto generado en torno a la transferencia de recursos a la Gobernación, solicitando al Juzgado la apertura de una cuenta judicial en el Banco Nacional de Fomento (BNF), para que un juez identifique al responsable encargado de la administración de dichos recursos.
Sin embargo, esta resolución judicial sigue sin resolverse a más de un mes de su emisión.
Justamente desde ese tiempo, los funcionarios de la Gobernación vienen manifestándose en reclamo del cobro de sus salarios caídos.
Consideran que los políticos los tratan como un botín, en medio de una crisis entre el cartismo y la disidencia en ese departamento.
En el cuarto departamento, Friedmann insiste en recuperar su cargo, mientras que Óscar Chávez funge de jefe departamental en medio de un confuso vaivén de medidas judiciales y de la Justicia Electoral.
Antecedente. A fines de agosto, la Justicia Electoral rechazó el pedido de nulidad de las resoluciones por las cuales los concejales departamentales aceptaron la renuncia de Friedmann y designaron a Chávez en su reemplazo.
Los mismos ediles habían sesionado nuevamente para rectificarse en su decisión, pero la medida no es reconocida por la Justicia Electoral.
La verdadera disputa es por las minas de oro en Paso Yobái, donde empresas asociadas a cartistas estarían involucradas, según la denuncias de los disidentes colorados.