Un grupo de unos 50 criminales tomó la segunda ciudad más importante del país, por su población y economía. La gavilla montó un operativo cuasimilitar para detonar bombas y robar casi 12 millones de dólares de una bóveda de la empresa de seguridad más grande del país. Se enfrentaron a tiros con una Policía carente de armas y municiones durante tres horas. Fue una disputa desigual en la que los uniformados más bien se pertrecharon mientras la banda criminal descargaba su pesada artillería sobre ellos.
El megaasalto de Ciudad del Este, adjudicado al grupo criminal brasileño Primer Comando Capital (PCC), fue una muestra más de la inexistente política real de seguridad en la frontera con Brasil, la más vulnerable al crimen organizado. La toma de la capital departamental de Alto Paraná por un grupo armado no es un hecho fortuito ni aislado.
Tampoco es exclusiva responsabilidad de este Gobierno, si tenemos en cuenta el contexto histórico de ciudades como Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero y Capitán Bado, donde el sicariato, el narcotráfico y la impunidad gozan de buena salud desde hace décadas. Esta frontera desde hace un tiempo se ha convertido en campo de batalla entre distintas facciones criminales y un espacio a ser conquistado por cada una de ellas.
Sin embargo, este Gobierno tuvo varias señales de lo que se viene. Quizás el hecho más revelador ocurrió el año pasado, con el asesinato de Jorge Rafaat, considerado como uno de los narcotraficantes más grandes del país. El propio Ministerio del Interior admitió que Rafaat repelió la presencia del PCC en Pedro Juan Caballero y que su homicidio constituía un claro signo de las pretensiones del grupo brasileño en Paraguay. A partir de ahí, una ola de violencia sacudió Amambay y no hubo una respuesta firme y contundente de la Policía.
La problemática de las bandas criminales brasileñas como el PCC y el Comando Vermelho trasciende a la frontera paraguaya y ya se va convirtiendo en un problema regional. Asaltos similares al de Ciudad del Este fueron cometidos en Bolivia y Brasil este año, también adjudicados al PCC. Lo que sí es alarmante es la política de laissez faire que parecen encontrar estos criminales en Paraguay. Es hora de pensar en una respuesta regional a esto y ahí debemos preguntarnos: ¿Qué puede aportar a esto una Policía paraguaya que ya ha dado muestras de su incapacidad para enfrentar a criminales organizados? ¿Qué puede ofrecer Paraguay para frenar el avasallamiento de gavillas en la frontera? Quizás sea por fin la hora de reflexionar sobre estas preguntas.