El Rectorado de la UNA desembolsa anualmente G. 60 millones a cada unidad académica para que sean distribuidos en beneficio de universitarios de comprobada insolvencia económica.
CUOTEO. Lejos de que se cumpla dicho precepto, obrante en el Reglamento General de Becas del CSU, en Derecho UNA se volvió una costumbre la repartija de becas por “cuoteo político”, según valoró Leonardo Gómez, del movimiento Derecho UNA Cambia.
Ya en 2014 –recordó– lograron filtrar las resoluciones de adjudicaciones de becas en las que “estaban asistentes fiscales, jueces y personas de alto nivel adquisitivo” recibiendo esas becas. “Encontramos la lista de grado y eran delegados de cursos, dirigentes, miembros del Centro de Estudiantes (Ceduna). Todas personas vinculadas al poder político”, enumeró.
Los servidores públicos que reciben los G. 2.500.000 –en concepto de la beca señalada– ganan un promedio de entre G. 2.000.000 y G. 5.000.000, conforme puede observarse en el documento divulgado el pasado lunes por el portal web www.elindependiente.com.py.
Gómez indicó que solicitaron, en un principio, la resolución a la facultad a través de la plataforma de acceso a la información pública, pero no recibieron respuestas.
Pedirán –dijo– al Consejo Directivo de la institución transparentar la elaboración de la nómina de beneficiarios y que se impartan sumarios para deslindar responsabilidades.
ÚH intentó contactar con autoridades de la UNA, pero no atendieron a los llamados.
