“Muchos gitanos continúan siendo objeto de formas graves de discriminación y de violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades nacionales o locales”, dice el escrito dirigido al ministro francés de Interior, Bernard Cazeneuve.
En su carta, fechada el pasado 26 de enero, hizo referencia a las “evacuaciones forzadas” y lamentó que, “a menudo, las autoridades proceden a las expulsiones en un plazo de tiempo muy breve sin consultar a las familias afectadas”.
El comisario advierte que la falta de una alternativa de vivienda adaptada aumenta la vulnerabilidad de las familias desalojadas e impide su integración social y la escolarización de los niños.
Según su carta, los Estados “deben cesar de tomar tales medidas y emplearse más en encontrar soluciones de realojo duraderas para las familias gitanas”.
En su respuesta, Cazeneuve asegura que los desalojos son “acciones concretas” que se inscriben en el marco legal, por decisiones judiciales o administrativas, y califica de “inexacto” tildarlos de expulsiones forzadas y en masa.
Los desalojos, añade el ministro, tienen como objeto respetar el derecho a la propiedad y proteger a sus ocupantes de “riesgos ligados a su salud, a su seguridad o a otros peligros que pueda engendrar la economía de la miseria”.
Cazeneuve cifra en 12 millones de euros el presupuesto que Francia ha invertido en los últimos tres años en acciones específicas de apoyo para la reducción de los campamentos de gitanos, en su mayoría procedentes de Rumanía y Bulgaria.
Y añade que, en algunos casos, se propusieron 170 realojos en un campamento desalojado y sólo se aceptaron 80.
Informe
Un informe del pasado enero de la Liga de Derechos Humanos y del Centro europeo para los derechos de los gitanos (ERRC en sus siglas inglesas) afirma que más de 11.000 gitanos fueron desalojados de sus campamentos en Francia durante 2015.
Aparte de ese país, el comisario de Derechos Humanos ha enviado escritos similares a las autoridades de Italia, Suecia, Hungría, Serbia, Bulgaria y Albania.
