23 de abril
Domingo
Muy nublado
20°
27°
Lunes
Lluvioso
20°
27°
Martes
Mayormente nublado con tormentas
16°
27°
Miércoles
Mayormente nublado
10°
21°
Avatar
Avatar
Bienvenido,
Cerrar Cerrar
Cerrar
Login/Registración
Búsqueda
Cerrar
Economía
viernes 10 de febrero de 2017, 01:00

Cuestionaron duramente la Ley de APP en un panel-debate

La Ley de Alianza Pública (APP) es una normativa “pésima y solo para negociados de las autoridades que la impulsaron”, criticó ayer Ricardo Canese, parlamentario del Parlasur por el Frente Guasu y coautor del libro Saqueo y Abuso, la Ley de APP de Cartes. Fue durante un panel-debate que se desarrolló en el Cabildo y que contó con más de 50 participantes. “La ley está preparada para que vengan empresa piratas. No es seria”, aseveró.

Además de Canese, fueron panelistas Wilton Vuyk, ex trabajador del Aeropuerto Silvio Pettirossi y sindicalista que fue despedido, y Raúl Silva, abogado de la firma Cedicor, empresa que fue eliminada de la licitación para la modernización del Aeropuerto y que denunció varias irregularidades del llamado.

A su turno, Silva lamentó que uno de los oferentes, la francesa Vinci, haya tenido ventajas respecto a las demás empresas para poder seguir en competencia. Aseveró que varias adendas fueron introducidas al proceso a beneficio de Vinci, sin el consentimiento de las instituciones involucradas. “Perdió legitimidad”, dijo.

Vuyk, por su parte, expresó que existe una persecución sindical con el Gobierno de Cartes, cosa que, según él, quedó más que claro con su despido por estar en contra de la APP del Aeropuerto. Dudó que existan indemnizaciones a los trabajadores que serán despedidos con la APP.

Hoy existen dos proyectos vía APP, que son para la duplicación de las rutas 2 y 7 y la modernización del Aeropuerto Silvio Pettirossi. El primero ya fue adjudicado y el segundo está en proceso de evaluación de ofertas con una auditoría de la Contraloría de por medio.

Además, por cuestionamientos al proyecto de la APP del Aeropuerto, cuyo virtual ganador es Sacyr, surgieron dudas sobre la legalidad de la adjudicación de las rutas 2 y 7, que también ganó la citada firma, con un 60% de participación accionaria, consorciada con Mota Engil (Portugal) y Ocho A (Paraguay).