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Editorial
jueves 15 de septiembre de 2016, 02:00

Criminalizar la lucha de los estudiantes es un grave error

La decisión de la fiscala Viviana Orrego de imputar a 8 dirigentes universitarios y de librar órdenes de captura contra 4 de ellos, acusándolos de haber privado de su libertad a asambleístas de la UNA, constituye una innecesaria criminalización de la lucha estudiantil. En un país en donde a la Fiscalía y a la Justicia se les reprocha su inacción ante capos narcos y políticos corruptos, la celeridad demostrada para abrir una causa contra quienes reclaman una mejor educación y una universidad más democrática es un grave despropósito que instala la sospecha de connivencia con la privilegiada claque que se resiste a los cambios. Aunque luego se haya levantado la medida, esta ya queda como otro pésimo precedente de una Justicia cómplice.

A un año de la histórica movilización estudiantil conocida como #UNAnotecalles, que había despertado la entusiasta adhesión de un amplio sector de la sociedad, las propuestas de los alumnos para reformar el Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción se han topado con las alevosas maniobras de una claque conformada por autoridades y docentes, decidida a frenar cualquier cambio y a mantener sus privilegios.

Una vez más, el rector, el vicerrector y los docentes que conforman mayoría en la Asamblea Universitaria –en la sesión del miércoles– se han burlado de los estudiantes que buscan una representación más equilibrada, rechazando a través del voto tipo aplanadora las propuestas de reforma que habían sido elaboradas en una mesa negociadora durante varios meses, aprobando otra propuesta, fabricada a espaldas de los alumnos, que mantiene la supremacía absoluta, con el mismo modelo autoritario, corrupto y mediocre que se viene sosteniendo desde la época de la dictadura.

Ante esta avivada, los estudiantes reaccionaron con su único y mejor recurso: una movilización y presencia masiva en torno al edificio del Rectorado de la UNA, obligando a que las autoridades y los asambleístas, a quienes consideran "traidores" a su causa, tengan que abandonar el lugar pasando entre una larga fila de alumnos, sometidos a la acción política conocida popularmente como escrache o vergüenza pública.

Esta situación fue caracterizada por la fiscala Viviana Orrego, de San Lorenzo, como un delito, al proceder a abrir una causa penal contra personas innominadas por "privación de libertad", en la misma tarde del miércoles, anunciando la imputación de 8 dirigentes estudiantiles y ordenando la detención de 4 de ellos: Paola Pusineri, Amalia Ríos Garay, Fernando Krug y Herbert Segovia Lohse.

Esta medida de criminalizar una importante lucha estudiantil, que amenaza los intereses de una claque enquistada desde hace mucho tiempo en el manejo arbitrario de la universidad, constituye un grave error, ya que recuerda a prácticas muy frecuentes en épocas de la dictadura, en que toda movilización social era vista como un delito.

Sobre todo, en un país en donde a la Fiscalía y a la Justicia se les reprocha su inacción ante capos narcos y políticos corruptos, la celeridad demostrada para abrir una causa contra quienes reclaman una mejor educación y una universidad más democrática resulta un grave despropósito, que instala la sospecha de connivencia con la privilegiada claque que se resiste a los cambios. Aunque luego la fiscala Orrego haya reconocido el error y haya decidido levantar la medida, esta ya queda como otro pésimo precedente de una Justicia cómplice de los poderosos.