El padre Bartomeu Melià, distinguido lingüista e historiador, calificó de crimen la decisión de asfaltar el centro histórico de Santa María. Esa decisión fue tomada por la Municipalidad del lugar, con un solo voto en contra.
El asfalto facilitará el tránsito de camiones y vehículos por esas calles, y puede repetirse lo sucedido en Santa Rosa, donde la velocidad y las vibraciones de los vehículos dañaron la estructura de la antigua capilla jesuítica.
Para evitar el perjuicio, se prohíbe o restringe el tránsito de automotores en sitios históricos en localidades con mayor conciencia; en Santa María se lo quiere aumentar.
En palabras del intendente de la localidad: “ahora que buscamos que la ciudad progrese, un grupito de personas se oponen y se hacen llamar protectores de la cultura, que solo se manifiestan en las redes sociales, pero en la realidad ni aparecen por la ciudad para dialogar” (Última Hora, 25/8/16).
No es solamente un grupito, pues se trata de una preocupación que se manifiesta a nivel internacional. Santa María, pueblo fundado por los jesuitas hace siglos, es parte de las antiguas Misiones, que son patrimonio histórico del Paraguay y del Mercosur; por eso la posibilidad de su deterioro ha llamado la atención más allá de nuestras fronteras.
Sobre el punto, yo recibí un correo electrónico de un amigo de Inglaterra, alarmado por el modo en que se pretendía manejar el asunto.
Tampoco se trata de dialogar, sino de cumplir la ley, que establece cómo debe manejarse el patrimonio histórico, y establece multas y penas de cárcel para quien le cause daño. Esta no es una cuestión personal sino legal. La ley vigente en nuestro país es la 5621/16, que defiende el patrimonio cultural y, como dice su artículo 4, “rige para todo el territorio de la República”. Ninguna intervención en el patrimonio cultural puede efectuarse sin la autorización de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), la autoridad competente (arts. 7 y 21).
Es una lástima que el asesor legal de la Municipalidad de Santa María les haya hecho creer a sus miembros que no necesitaban el permiso de nadie para asfaltar el centro histórico y que, si no estaba de acuerdo, la SNC debía judicializar el caso.
Por eso la SNC se enteró por los diarios de lo que realmente se pensaba hacer en aquella ciudad. En cuanto a lo de judicializar, sabemos que, al entrar a los tribunales paraguayos, como al entrar al infierno, se pierden todas las esperanzas. La única diferencia está en que del infierno no se sale pagando: Satanás tiene muchos defectos, pero no es coimero.
Invocando el principio de la autonomía, la Municipalidad de Santa María se siente con derecho de hacer lo que quiere; al mismo tiempo, no quiere hacer sino mandar hacer. Vale decir, pretende que el MOPC haga el trabajo del asfaltado y corra con todos los gastos. El Gobierno Municipal destruye, el Gobierno Nacional paga.
Crimen, entre otras acepciones, tiene la de “acción indebida y reprensible”. Es indebido y reprensible que funcionarios elegidos y pagados por el pueblo demuestren tal ignorancia de la ley y de sus atribuciones. Esa ignorancia explica por qué se ha deteriorado tanto nuestro patrimonio histórico, y explica fechorías peores.
